La difamación y el ultraje se han convertido en los principales focos de las correcciones que distintos sectores buscan hacer al nuevo Código Penal antes de que entre en vigencia en agosto.
De alrededor de las 20 propuestas de modificación presentadas hasta el momento por legisladores, organizaciones y otros actores, la mayoría coincide en cambiar o eliminar los artículos que regulan esos delitos, especialmente los relacionados con la difamación, la injuria y el ultraje.
La propuesta que más respaldo tiene en el Congreso es la que depositó el viernes el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien propuso modificar 19 artículos del texto legal, entre ellos los referentes a la difamación y el ultraje.
En su proyecto de ley, De los Santos plantea que el ultraje solo sea penalizado cuando se cometa contra jueces o fiscales, y no contra funcionarios del Gobierno, como establece el artículo 310 del Código Penal que entrará en vigencia a inicios de agosto.
Además, propone reducir la pena por el delito de difamación. Mientras el texto aprobado contempla hasta cinco años de cárcel, la iniciativa la reduce a un máximo de dos años de prisión y elimina la agravante que dispone una sanción mayor cuando el delito se cometa a través de redes sociales o plataformas digitales.
Los voceros
Otro de los proyectos que ha concentrado atención es el depositado por la mayoría de los voceros de los partidos en la Cámara de Diputados, quienes dejaron atrás sus diferencias para someter una iniciativa que, entre otros aspectos, propone cambios en la difamación y el ultraje.
En cuanto al ultraje, los voceros plantean mantener el artículo tal como fue aprobado, pero agregar un párrafo que establezca que el delito no se configurará cuando se trate de una crítica, una denuncia, una protesta, una opinión, una sátira o cualquier manifestación amparada por la libertad de expresión.
En el caso de la difamación, los diputados proponen reducir la pena de un máximo de cinco años a uno de prisión. Además, plantean despenalizar el delito cuando se trate de hechos de interés público o relacionados con el ejercicio de funciones públicas, siempre que existan sustentos.
Otra propuesta que también aborda ambos delitos fue depositada ayer por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco). Entre otros puntos, plantea que el ultraje solo se penalice cuando se cometa «en el ámbito jurisdiccional» y que la difamación contemple una reducción de la pena de prisión.
En su iniciativa, Adocco también propone armonizar la responsabilidad de las personas jurídicas, reforzar la protección del periodismo de investigación y «precisar el alcance de la responsabilidad penal de las empresas cuando se difundan informaciones falsas».
El grupo de propuestas que estudian los diputados también incluye una iniciativa del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que, mediante una misiva, solicita a los legisladores que «eviten afectar el ejercicio legítimo de la actividad informativa» y modifiquen el artículo referente al ultraje por considerarlo «ambiguo».
El gremio también abogó por que el nuevo Código Penal «precise con mayor claridad el alcance de las responsabilidades penales» cuando la divulgación de información responda únicamente al ejercicio del periodismo.
Además de esas iniciativas, la comisión bicameral que estudiará las propuestas de cambios al Código Penal tiene en sus manos otros planteamientos de abogados, entidades y congresistas que, en su mayoría, buscan modificar los artículos que, a su juicio, afectarían la libertad de expresión en el país.
Otros temas
Aunque la difamación y el ultraje concentran la mayoría de las propuestas, otras iniciativas, presentadas por legisladores y abogadas, buscan modificar aspectos como la responsabilidad penal de los partidos políticos, la despenalización del aborto en circunstancias especiales y la violencia vicaria.
El senador independiente Antonio Taveras propuso modificar el artículo 13 del nuevo Código Penal para que los partidos políticos sean entes de responsabilidad penal. Por su parte, un grupo de abogadas encabezado por Mary Fernández y Fabiola Medina planteó despenalizar la interrupción del embarazo en circunstancias especiales, mientras que las juristas Katia Jiménez y Vanahi Bello sugieren modificar varios artículos de la ley para sancionar la violencia vicaria.
La Cámara de Diputados ya cuenta con alrededor de 20 propuestas para modificar el nuevo Código Penal, pero la cifra podría aumentar, ya que el plazo para depositar iniciativas de cambio en el Congreso vence el miércoles a las 6:00 de la tarde.
Fuente: www.diariolibre.com
