SANTO DOMINGO. Una supuesta mafia para someter ante los tribunales de trabajo del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo a empresas constructoras, fue denunciada ayer por el abogado Elvis Durán.
El abogado Durán, quien representa una compañía dedicada a la construcción inmobiliaria, denunció que una supuesta organización dirigida por un nacional haitiano, no identificado, en confabulación con algunos abogados, ha reclutado a unos 52 obreros haitianos para interponer demandas por el pago de prestaciones laborales a diversas empresas.
Señaló que entre los demandantes hay un minúsculo número de dominicanos, y que algunas de las demandas interpuestas contra la compañía que representa también han sido sometidas contra otras.
“Yo he logrado identificar en sentido general que son alrededor de 49 a 52 trabajadores envueltos en esas 22 demandas que tiene la empresa que represento, y yo he logrado identificar coincidencias en más de 15, es decir más de 15 de esos trabajadores están en más de un proceso contra más de un empleador”, expresó el abogado.
Añade que la coincidencia no es solo en los demandantes sino también en las fecha. “Yo acabo de descubrir que dos de esos trabajadores que están demandando a mis representados están demandando dos compañías diferentes, en dos salas diferentes de donde está apoderado el caso que yo tengo”.
Indicó que tiene elementos de pruebas donde se puede visualizar los mismos trabajadores en demandas de dos abogados diferentes, y que supuestamente lo que hacen es comprarle los casos al extranjero dedicado a reclutar a los obreros.
“Es un asunto burdo, irrespetuoso al ejercicio profesional, una mafia que lo que hace es que quizás utiliza un listado de trabajadores que se han regularizado en el país en el Plan Nacional de Regularización” para poner demandas contra empresas dedicadas a la construcción, denunció.
“Es un asunto de escoger trabajadores que ni siquiera han sido trabajadores de esa compañía, que no han pasado por ahí, simplemente porque esa mafia logra identificar que ahí se está haciendo un proyecto, y quién es el dueño de ese proyecto”, interponen ponen la demandan, argumentó.
Afirmó que las empresas nunca tuvieron o nunca los han tenido descifrados, ni han desarrollado ninguna labor para ellos.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) había denunciado embargos ilegales en los hoteles de la provincia La Altagracia y otras inconductas atribuidas a fiscales, jueces, alguaciles y funcionarios del Registro de Títulos.
