Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, llamó hoy al Gobierno Central que encabeza el presidente Luis Abinader a asignar el presupuesto suficiente a la Procuraduría General de la República, que le permita seguir realizando su ardua labor de combatir y perseguir la corrupción, y en especial la corrupción administrativa, como hasta el momento ha venido realizando la Procuraduría General de la República, encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito.
El Consejo Nacional del movimiento cívico, recordó que la Proclama de su Asamblea para el 2021 fue “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la Corrupción Administrativa”, y en ese sentido exigió que se le otorgue partidas acordes a lo solicitado por la Procuraduría General para el año 2021 y que, más allá de una asignación puntual, deben ser incluidas en la reformulación presupuestaria que será sometida al Congreso Nacional próximamente.
Participación Ciudadana afirmó que no basta con la independencia de actuación que se evidencia actualmente en los trabajos del órgano persecutor, sino que se precisa también de los recursos económicos necesarios que le permitan realizar su labor de investigación especializada y consiguiente instrumentación de expedientes sólidos que puedan ser sustentados en los tribunales de justicia.
“Para enfrentar los grandes desafíos que conlleva el combate y la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia de cuello blanco, en general, es fundamental terminar con la precariedad y ahogamiento económico a los que está sometido la Procuraduría General de la República, no obstante que la Ley No.194-04 en su artículo 3 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto Nacional”, declaró el Consejo Nacional.
La organización de la sociedad civil lamentó que a dicha entidad pública se le tiene ahogada en el plano económico y recordó que la sociedad dominicana, esa misma que salió a las calles a exigir el fin de la impunidad, tiene cifradas sus esperanzas en la actual Procuraduría General de la República precisamente por su independencia de actuación y el temple con el cual ha enfrentado su responsabilidad. Pero esa misma sociedad continúa exigiendo que se someta a los corruptos al sistema de justicia penal, se persigan y recuperen los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal y que se ponga fin a la impunidad que ha venido arrastrando al país por muchos años.
“Es penoso que el Ministerio Público no pueda desempeñar su rol a cabalidad por falta de recursos económicos y consiguiente falta de recursos humanos especializados en los que se apoyen los fiscales actuantes. Además de las investigaciones por los delitos de corrupción y derivados ilícitos la Procuraduría General de la República tiene otros temas muy importantes en su agenda ordinaria como son los de trazar las políticas públicas para enfrentar la criminalidad, la violencia de género, la delincuencia juvenil y continuar con la modernización del sistema carcelario que está bajo su responsabilidad”, destacó el Consejo Nacional.
A través de comunicado de prensa la entidad de la sociedad civil deploró las quejas que con sobradas razones ha manifestado públicamente la magistrada Procuradora General de la República, cuando expresa que la institución que dirige solo cuenta con un exiguo presupuesto 40.19% menor que el de 2020, al tiempo que advirtió “que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa”. Agregó la magistrada Procuradora General Miriam Germán Brito en sus declaraciones que la carga económica es alta y que el presupuesto es muy exiguo para cumplir con los múltiples compromisos, tanto los que se derivan del intenso trabajo del Ministerio Público actual como la pesada carga de deuda heredada de la gestión anterior.
Participación Ciudadana hizo un llamado al Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis Abinader, a asignar fondos en lo inmediato a la Procuraduría General de República que le permita a la institución del Ministerio Público realizar su labor con holgura, a fin de que pueda continuar trabajando en la persecución de la corrupción administrativa y someter a la justicia expedientes sólidos que los fiscales puedan sostener cuando se sometan al escrutinio de la contradicción que caracteriza nuestro sistema de justicia.
