El narcotráfico, no solo ha convertido a la República Dominicana y Jamaica en rutas clave hacia América del Norte y Europa, “sino que también ha aumentado los niveles de violencia y corrupción así como la capacidad coercitiva de los grupos criminales”. Así lo indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su reciente Informe Regional de Desarrollo Humano 2021.
Según analiza el PNUD, en el informe “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”, el impacto del narcotráfico en el Caribe, que había dejado de ser importante tras el auge de la cocaína durante la década de 1980, ha recuperado su influencia desde mediados de la década del 2000.
“Todos los países de la subregión, a excepción de Barbados y Surinam, experimentaron un aumento de las tasas de homicidio y de los asesinatos relacionados con el crimen organizado durante la década de 2000”, indica el PNUD.
Menos población, pero más muertes violentas
América Latina y el Caribe albergan solo al 9 % de la población mundial, pero representan el 34 % del total de muertes violentas.
Señala que los robos y las agresiones físicas también son generalizados, lo que la convierte “en la región del mundo con el mayor nivel de agresiones físicas y robos violentos denunciados, según las estadísticas de crimen de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.
El PNUD cita que según la encuesta del Barómetro de las Américas, entre 2010 y 2014, un promedio de una de cada cinco personas encuestadas en la región afirmó haber sido víctima de un robo en los doce meses anteriores.
“La región aún lucha con la violencia política, que incluye protestas violentas, violencia estatal como brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas”, dice.
Entre las formas de violencia no letales con las que luchan los países de la región, el PNUD cita la violencia sexual, los robos, el abuso policial y la trata de personas.
Destaca que las desigualdades en el poder, el estatus social y los ingresos “hacen que algunos grupos de población, como las mujeres y las minorías étnicas y de género, sean particularmente vulnerables a la violencia”.
