Diez instituciones públicas en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Unicef) pusieron en marcha un plan para dotar de actas de nacimiento a los más de 200 mil niños que no fueron registrados tras su nacimiento.
El programa será ejecutado a través de los hospitales públicos, con la puesta en funcionamiento de 30 unidades de registros en esos centros médicos, número que sería elevado a 45 en 2022 y 60 para el 2023.
El programa iniciará con un plan piloto para dotar de registro civil a los 29,500 niños que no fueron declarados ante una oficialía durante la pandemia.
Para lograr esa meta, se firmó el Acuerdo Interinstitucional para el Registro Oportuno y tardío de Nacimientos en la República Dominicana entre la Junta Central Electoral, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio Público, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Nacional a la Primera Infancia y el Programa Supérate,
En un acto en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Abinader agradeció el apoyo y compromiso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), signatario del acuerdo.
Las partes firmantes constituyeron un comité que se reunirá trimestralmente para monitorear los avances del plan de acción y detectar demoras y dificultades.
Neney Cabrera, encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia, explicó que, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2018 un 8. 3% de los niños menores de cinco años no contaba con un acta de nacimiento, sobre todo en zonas marginadas y rurales.
Abinader sostuvo que, para el cumplimiento de este cometido ha sido necesaria la unificación de criterios y la buena disposición de diferentes organismos del Estado, empezando por la Junta Central Electoral, como organismo rector y responsable último de la inscripción de todos los actos oficiales del Estado Civil.
La primera dama, Raquel Arbaje, en su calidad de presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que “no podemos permanecer impasibles ante el hecho de que 200 mil niños y niñas dominicanos carezcan de identidad, y que esta situación adquiera carácter permanente, robándoles en el futuro la oportunidad de ejercer la ciudadanía y de ser miembros de pleno derecho de nuestra sociedad”.
“Como tampoco podemos no sentir rubor ciudadano cuando vemos que, según un mapa interactivo del Banco Interamericano de Desarrollo, la República Dominicana ocupa el quinto lugar del continente con un 18.9 de niños menores de cinco años cuyos nacimientos no han sido registrados. Es decir, niños y niñas que, para los efectos prácticos, no existen”, agregó Arbaje.
SCJ pide descontinuar judicialización de los procesos de actas
Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, estimó necesario descontinuar la judicialización de los trámites para la declaración tardía para que sea un proceso meramente administrativo.
Molina solicitó que se evalúe la posibilidad de promover reformas legales para que solo se haga de manera administrativa los procesos.
Sobre el tema se refirió también el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, en unas palabras a través de un video que envió debido a que padece COVID-19.“ ¿Cómo es posible que el registro válido para cualquier acto del Estado Civil sean libros redactados a mano?” se preguntó Jáquez.
Aseguró que el Registro Civil no puede seguir así, con una ley de 1944 que lo regula, descansando en millones de páginas en mascotas de hilo.
Por ello, la JCE puso en marcha el proyecto de Eliminación del Trámite de la Legalización de las Actas (ETLA). “Nos encontramos en 37 oficialías del Estado Civil y la meta es llegar a las 165 a nivel nacional”, afirmó Jáquez.
La JCE discute un proyecto de ley que modifica la Ley 659 de 1944, en el que se establece que el Registro Civil sea único, en formato físico y electrónico, y en el cual se haga constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas.
