El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
“Aquí hay varias cosas que es necesario resaltar: en primer lugar, se presentaron ante el tribunal cuatro acuerdos. Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviado”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo”, resaltó.
Camacho, quien encabezó el equipo que representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional destacó la trascendencia de los acuerdos.
“Es la primera vez, incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea, que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público”.
Aseguró que se trata de una cuestión trascendente dentro de este proceso, que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público.
“Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y en relación a Oisoe (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado), las vías de sobornos eran varias, y esas están descritas en la acusación, y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujeto a decomiso”, dijo.
“Con relación al resto, incluso, al acusado Alexis Medina, hay que recordar que este actuaba de manera directa a través de sus empresas y a través de otras personas que eran parte de su entramado”, especificó.
Manifestó que el Ministerio Público en el momento de la réplica va a explicar o a recordar al tribunal cómo operaba este entramado de corrupción en la Oisoe y cómo la acusación del Ministerio Público no solamente es cierta con relación a estos cuatro acusados que han acordado, sino, que es cierta en todos y cada uno de los puntos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación.
El titular del órgano anticorrupción produjo sus declaraciones en respuesta a preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que lo abordaron al salir del tribunal.
El Ministerio Público destacó en un comunicado de prensa que los acuerdos fueron realizados con Julián Esteban Suriel Suazo, Francisco Pagán, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago.
Al responder a la prensa, dijo que todo lo que no es parte de este proceso, es un tema sujeto a investigación y que el Ministerio Público en su debido momento presentará a los tribunales en la medida que tenga las evidencias para ello.
Camacho representó al Ministerio Público junto a la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, así como a los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González y José Miguel Marmolejos.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia para este miércoles 18 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde, donde el Ministerio Público iniciará la contrarréplica.
El 19 de enero la audiencia se celebrará a partir de las 2:00 de la tarde y el viernes 20 de enero a las 9:00 de la mañana.
Por razones de espacio la audiencia fue realizada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
