El Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa ven peligro a la libertad de prensa en el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República en la que advierte que tomarás medidas cautelares contra quienes intenten obstruir procesos legales que lleven contra imputados.
Ambas instituciones consideran como extraño que el Ministerio Público, como órgano acusador del Estado y que conocen muy bien las normativas jurídicas en la que se pudieran sancionar todo tipo de delitos, tenga que emitir un comunicado público que luce atentatorio a la libertad de expresión y difusión del pensamiento y al ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
Aurelio Henriquez, presidente del CDP, llama a los periodistas que cubren el sector justicia a mantenerse alerta ante cualquier atentado a la libertad de informar cuanto ocurre en el seguimiento de los casos judicializados, no solo a quienes supuestamente hayan cometidos corrupción, sino a todos los procesos que se lleven en la justicia dominicana.
Reiteró que el periodista es profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la constitución tenemos derecho a un ejercicio libre y jamás ser censurado por ningún poder del Estado llámese Justicia, Legislativo y Ejecutivo.
Mientras que José Beato, secretario general del SNTP, quien además de ser periodista, es abogado, reaccionó sorprendido con el comunicado con se señala de que la PGR de que tomará medidas cautelares, toda vez que las medidas cautelares se toman en base a la violación de una norma que el MP conoce muy bien.
Para el secretario general del SNTP le resulta extraño que se señale la parte relativa a la Ley 53-07, de crímenes y delitos de alta tecnología en dicho pronunciamiento, porque esta es de orden público y la difamación e injuria entra en el campo privado de las partes.
“El Ministerio Público conoce muy bien qué son las difamaciones e injurias, cuales artículos la tipifican y cuales leyes la tocan, así como cuales producen medidas cautelares”, expresa Beato.
Los gremios de la comunicación, se desligan de todas las contradicciones con personas e instituciones de la sociedad, pero sí reafirmamos la decisión de defender la libertad de prensa, como derecho fundamental, provenga de cualquier poder o sector de la sociedad.
No recordamos que el momento ni la época en la que los periodistas hayan obstaculizado o impedido un proceso cuando la hegemonía y control de los procesos siempre y por ley lo tiene el Ministerio Público y el Sistema de Justicia.
Los gremios de la prensa valoramos en su justa dimensión el criterio de independencia y transparencia del Ministerio Público y sus actuaciones, que jamás deberán tener influencias externas, porque su rol es defender los mejores intereses nacionales, pero nos sorprende como se pretenda lacerar el derecho a la información propio del Estado Democrático, Social y de Derecho.
El CDP y SNTP ponderan la postura del presidente Luis Abinader, de que tomará medidas con los funcionarios que se nieguen a dar informaciones a la prensa, en franca violación a la ley 200-04, porque deben facilitar todas las informaciones que sean requeridas por la prensa.
El CDP se mantiene activo y alerta ante cualquier amenaza a la libertad de prensa y derecho a la información que tienen todos los ciudadanos que esperan y exigen un ejercicio ético y profesional del periodismo.
Ve con preocupación de que diga en el referido comunicado de que no “contrata a opinadores para que mientan a su favor”, toda vez que el mismo ministerio público conoces todas las leyes y reglamentos, más que los ciudadanos, por lo que las violaciones están tipificada en las leyes y no es necesario tal pronunciamiento en este órgano persecutor del Estado.
Los gremios de la prensa no recuerdan que los periodistas hayan impedido o obstaculizado las investigaciones en un proceso y de hacerlo tienen todo el derecho y deber de denunciarlo e informar al Colegio Dominicano de Periodistas para que lo juzgue en su Tribunal Disciplinario y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.
Asimismo, reiteran que “somos respetuoso del derecho que tienen las oficinas de abogados, los imputados o cualquier persona a contratar la asesoría de cualquier profesional de la comunicación para dar a conocer su versión sobre un hecho determinado, sean estos judiciales, empresariales o de cualquier naturaleza.
Aurelio Henriquez insistió de que el Ministerio Público debe hacer su trabajo y dejar al periodista hacer el suyo, de informar libremente a la sociedad a través de sus medios de comunicación sin el temor a ser silenciado o censurados por medidas cautelares como la anunciada en dicho comunicado de la PGR.
