El proyecto de ley, entregado al Senado, contempla sanciones de hasta 6,000 salarios mínimos y la pérdida de derechos de ciudadanía para quienes cometan este delito
Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo depositó este lunes en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca endurecer significativamente las penas por el delito de tráfico ilícito de migrantes, con castigos que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión en los casos más graves.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, entregó la iniciativa al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dando cumplimiento a una de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril para enfrentar la migración ilegal y salvaguardar la soberanía nacional ante la crisis en Haití.
“El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”, explicó Peralta Romero.
El proyecto de ley modifica los artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Entre los cambios más relevantes se incluye una redefinición del concepto de tráfico ilícito de migrantes, la penalización de delitos por omisión y la incorporación de nuevas circunstancias agravantes tanto para autores principales como cómplices.
Una de las modificaciones más contundentes se refiere a los casos en que el delito incluya violencia, uso de armas, daño a personas vulnerables o provoque la muerte de la víctima.
“Estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”, advirtió Peralta.
Además, el artículo 5 introduce la responsabilidad penal por omisión, señalando que será castigada toda persona que, teniendo un deber legal o vínculo con la víctima, no actúe para evitar el daño, especialmente si asumió voluntariamente una función de protección o generó previamente una situación de riesgo.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el proyecto será tratado con prioridad: “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana. Se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos”, afirmó.
