Operación Lobo culmina con 14 arrestos y evidencia sobornos para obtener contratos en entidades estatales como Inaipi, Senasa y las distribuidoras de electricidad
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público desplegó este martes la denominada Operación Lobo, una acción conjunta encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, que desmanteló una presunta red criminal dedicada a obtener contratos de seguridad privada mediante el pago de sobornos a funcionarios de distintas instituciones públicas.
En el marco de la operación, las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y la provincia de Santiago, en los que participaron 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional.
Como resultado, fueron arrestadas 14 personas, a quienes se les atribuye su vinculación directa con la estructura delictiva.
Según la información oficial, la red logró beneficiarse de contratos con al menos cinco entidades estatales: el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las tres principales empresas distribuidoras de electricidad del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El Ministerio Público explicó que las investigaciones se iniciaron tras una denuncia formal remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch.
La denuncia revelaba posibles irregularidades en los procesos de contratación de empresas de seguridad privada, lo que motivó la apertura de una investigación a gran escala.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien encabeza la Dirección General de Persecución, ha insistido en la necesidad de enfrentar con firmeza la criminalidad administrativa.
En ese sentido, las autoridades aseguraron que el caso se está manejando con “rigurosidad” y una “visión holística” que permita desarticular completamente la red y evitar que se repita este tipo de esquema en otras instituciones.
Aunque los nombres de los arrestados no fueron revelados en la nota de prensa, se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción contra los implicados, detallando los cargos que se les imputan y presentando parte de las pruebas recopiladas durante los allanamientos.
Esta nueva operación se suma a las estrategias del Ministerio Público para atacar la corrupción en el manejo de los recursos públicos.
En los últimos años, la Pepca ha llevado a cabo procesos judiciales de alto perfil relacionados con sobornos, desfalcos y otras formas de criminalidad administrativa.
Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar sin contemplaciones ante las violaciones a la ley, especialmente cuando se trata de prácticas corruptas que afectan directamente los servicios que el Estado debe garantizar a la ciudadanía.
