Sostiene que el proyecto aprobado por el Senado ignora criterios técnicos y compromete la protección contra la violencia de género, el feminicidio, el acoso y otras formas de agresión
Santo Domingo.– El Ministerio de la Mujer reiteró este lunes su rechazo a la actual propuesta de reforma del Código Penal aprobada por el Senado, al considerar que representa un serio retroceso en materia de derechos humanos, especialmente para las mujeres, niñas y adolescentes.
La institución advirtió que la iniciativa legislativa desconoce recomendaciones técnicas y evidencia científica que por años ha presentado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y que buscan garantizar una legislación penal más justa, inclusiva y acorde con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
Uno de los principales puntos de preocupación para el Ministerio es la tipificación del feminicidio.
Asegura que la redacción actual del proyecto no permite diferenciar adecuadamente entre un homicidio común y un crimen por razones de género, debilitando así la operatividad del tipo penal y limitando la protección efectiva a las víctimas.
El comunicado también señala que el tratamiento del acoso y el acoso sexual es insuficiente y confuso, al fragmentar el delito en múltiples categorías, reducir las penas, y excluir expresamente formas de violencia como el acoso callejero y digital.
De igual forma, critica que se haya incluido el acoso dentro de la sección de agresiones sexuales, cuando debería figurar como un tipo penal autónomo.
En cuanto a la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, el Ministerio cuestionó la redacción del nuevo proyecto al considerar que vulnera los avances logrados con la Ley 24-97, y que pone en riesgo la obligación del Estado dominicano de garantizar la protección de las mujeres ante situaciones de violencia.
La entidad propuso ampliar el uso de las órdenes de protección más allá de los casos de violencia intrafamiliar o de género, para que puedan aplicarse también en situaciones como trata de personas, acoso y violencia sexual, fortaleciendo así la respuesta del sistema judicial frente a distintas amenazas contra la integridad de las víctimas.
Otro de los aspectos cuestionados es la falta de una clasificación clara de las distintas formas de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, digital o institucional.
Según el Ministerio, esta omisión limita la capacidad del sistema de justicia de aplicar el principio de debida diligencia reforzada que exige la Constitución.
La institución también expresó su preocupación por el tratamiento que da el proyecto a los delitos sexuales, señalando que las penas previstas son bajas, la redacción es ambigua y que no se establece con claridad el consentimiento como elemento central para diferenciar entre relaciones sexuales lícitas y agresiones.
Finalmente, el Ministerio de la Mujer reafirmó su defensa de las tres causales para la interrupción del embarazo –riesgo para la vida de la mujer, violación o incesto, y malformaciones incompatibles con la vida– y advirtió que excluirlas implica una violación a los derechos fundamentales y a la dignidad de las mujeres dominicanas.
La entidad gubernamental hizo un llamado al Congreso Nacional a revisar el contenido del proyecto y construir una legislación penal moderna, respetuosa de los derechos y en sintonía con los principios constitucionales y los estándares internacionales.
