Los acusados enfrentan cargos por corrupción y desfalco al Estado por más de RD$4,500 millones
Santo Domingo, R.D.– El Ministerio Público cerró este jueves la presentación de más de 2,900 pruebas contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros acusados en las operaciones Coral y Coral 5G.
Los procesados son señalados como parte de una red de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
Detalles de las pruebas presentadas
Durante la fase de incorporación, el Ministerio Público presentó:
- 2,201 pruebas documentales
- 141 peritajes
- 282 declaraciones de testigos y peritos
- 184 pruebas procesales
- 104 pruebas materiales, entre ellas armas de fuego, relojes de lujo y equipos electrónicos
También fueron incluidos los bienes inmuebles, vehículos y valores económicos incautados a los implicados.
Bienes incautados en el caso
Las investigaciones identificaron 214 inmuebles ubicados en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, San José de Ocoa, La Vega, Monte Plata y San Pedro de Macorís.
Además, se incautaron:
- 86 vehículos de lujo, de carga y agropecuarios
- 28 millones de pesos en efectivo
- 55 mil dólares en divisas
- Valores millonarios en cuentas bancarias
El Ministerio Público informó que los bienes custodiados han generado RD$31.2 millones en alquileres y RD$55.2 millones en proyectos agrícolas, fondos que también serán solicitados en decomiso a favor del Estado.
Próximas audiencias
Tras la conclusión de esta etapa, el tribunal fijó la continuación del juicio para el 26 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m..
En esa sesión intervendrán los querellantes y, posteriormente, las defensas de los imputados.
Por el Ministerio Público actuaron los fiscales Jonathan Pérez y Arolin Lemos ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Principales acusados
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), es señalado como líder de la red.
La estructura estaba integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, y operó entre 2012 y 2020.
Entre los demás procesados figuran:
- El coronel policial Rafael Núñez de Aza
- El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez
- El sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz
- La pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán
- Otros implicados en el entramado
Según la acusación, los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
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