El tribunal declaró el caso de tramitación compleja y dictó prisión preventiva contra cuatro agentes, mientras los demás deberán cumplir medidas restrictivas
Santo Domingo, República Dominicana. -Un tribunal de Santiago impuso medidas de coerción contra 11 agentes policiales acusados de abatir a cinco hombres durante un operativo ocurrido el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, según informó el Ministerio Público.
La decisión, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso de tramitación compleja y ordenó prisión preventiva contra el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes cumplirán la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Asimismo, el tribunal impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, al capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, al segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, y a los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, junto al raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El Ministerio Público también solicitó y obtuvo una orden de protección para las víctimas y testigos del proceso.
Las víctimas y los hechos
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
De acuerdo con la investigación, los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos —dos automóviles y una KIA K5— y dispararon sin mediar palabras contra las víctimas.
Posteriormente, sustrajeron teléfonos y los DVR de los negocios cercanos con el objetivo de eliminar evidencias.
Declaraciones del Ministerio Público
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, reiteró el compromiso de la institución con la búsqueda de justicia:
“Desde el principio nos hemos comprometido. Ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, afirmó.
Camacho subrayó la importancia de que este proceso sirva para prevenir que hechos similares se repitan.
La audiencia, encabezada por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, se extendió por más de seis horas con dos recesos de media hora cada uno.
Contexto del caso
Tras el incidente, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó una investigación inmediata a cargo de la Dirección de Persecución y la Fiscalía de Santiago.
El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican asociación de malhechores y homicidio voluntario.