Carlos Peña solicita a la Cámara de Diputados investigar a jueces del Tribunal Constitucional tras sentencia controversial
Santo Domingo, República Dominicana. El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, depositó este lunes en el Congreso Nacional una solicitud formal para que la Cámara de Diputados inicie un juicio político contra los jueces del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la sentencia que elimina sanciones internas por relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El dirigente político sostiene que los magistrados habrían dictado la sentencia sobre “normas inexistentes”, al considerar que las leyes utilizadas como base jurídica fueron derogadas hace más de veinte años.
Peña cuestiona fundamentos de la sentencia
Peña, exdiputado y aspirante presidencial, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional se apoyó en disposiciones legales que, según indicó, fueron eliminadas mediante la Ley 278-04.
A su juicio, esto genera un vicio que invalida el contenido de la sentencia TC/1225/25.
“Las leyes tomadas como base dejaron de existir hace dos décadas, lo que desmonta la validez del fundamento jurídico utilizado por los magistrados”, expresó Peña.
El presidente de GenS calificó la situación como un “acto carente de objeto”, al alegar que los jueces habrían aplicado normas que ya no integran el ordenamiento jurídico.
Solicitud formal a la Cámara de Diputados
La documentación fue entregada al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, y remitida también a los bloques legislativos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo, formaciones que, según Peña, cuentan con los votos suficientes para activar el proceso.
Peña recordó que la Constitución faculta a la Cámara de Diputados para iniciar juicios políticos contra funcionarios y jueces cuando se presume la comisión de faltas graves.
Acusaciones de prevaricación y presiones externas
El dirigente político planteó que los magistrados no solo incurrieron en errores jurídicos, sino que, a su entender, actuaron en contradicción con los principios constitucionales del país.
En la comunicación depositada en el Congreso, también les atribuye haber dictado la decisión “a sabiendas” de que las leyes estaban derogadas y señala presuntas influencias de una “agenda supranacional”, argumentos que, según dijo, justifican la activación del mecanismo constitucional.
Contenido de la carta entregada al Congreso
En el documento depositado, Peña indica que los jueces habrían incurrido en “faltas graves” al fundamentar la sentencia en la Ley 285 y la Ley 3483, ambas derogadas por la Ley 278-04.
Sostiene que esta actuación revela fallas en la gestión del marco jurídico por parte de la alta corte.
Asimismo, reiteró que la supuesta falta de verificación de las normas anula la validez del fallo y exige la intervención del Congreso.
La sentencia TC/1225/25
La decisión del Tribunal Constitucional, emitida el 18 de noviembre de 2025, dejó sin efecto los artículos 210 y 260 de las leyes que regulaban los códigos disciplinarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, al considerar que discriminaban injustificadamente a personas homosexuales.
El fallo elimina sanciones internas por relaciones consentidas entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos castrenses, al entender que estas disposiciones violaban el principio de razonabilidad.
Cómo funciona el juicio político
El juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Congreso Nacional investigar a funcionarios y jueces por presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones.
Está regulado por la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional y puede concluir con la destitución, si se comprueba alguna irregularidad.
Este proceso ha sido utilizado en ocasiones limitadas en el país, generalmente ante denuncias de gravedad institucional.
