La medida beneficiará a personas en situación irregular y solicitantes de asilo que residan en el país desde antes de finales de 2025
Madrid, España.— El Gobierno de España aprobó un nuevo plan de regularización extraordinaria que permitirá otorgar residencia legal a centenares de miles de migrantes que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular en el país, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo que encabeza el presidente Pedro Sánchez, será implementada mediante un real decreto y entrará en vigor a partir de abril de 2026.
El proceso estará abierto durante varios meses y está dirigido tanto a personas en situación irregular como a solicitantes de asilo.
Para acogerse a la regularización, los solicitantes deberán demostrar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han residido de forma continuada en el país durante al menos cinco meses.
Entre los documentos aceptados para acreditar la permanencia figuran certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, informes médicos y otros justificantes oficiales o privados.
Las autoridades indicaron que los beneficiarios no deberán tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Una vez presentada la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de expulsión, las órdenes de retorno y las sanciones administrativas relacionadas con el trabajo sin permiso.
El plan contempla la concesión de una autorización de residencia provisional que permitirá a los migrantes trabajar legalmente desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio nacional, además de acceder a la atención sanitaria y otros derechos básicos.
Posteriormente, podrán optar a una autorización de residencia ordinaria conforme a la normativa de extranjería.
La medida también incluye disposiciones para la reunificación familiar, facilitando permisos de residencia a los hijos menores de edad de las personas que se acojan al proceso de regularización.
El Gobierno calificó la iniciativa como una respuesta a la realidad migratoria del país y señaló que busca reconocer y regularizar la situación de personas que ya viven y trabajan en España.
No obstante, el plan ha generado críticas por parte de sectores de la oposición, que han expresado su rechazo a la regularización masiva y han anunciado acciones legales contra el decreto.
