Hay deudas que, por más que alguien intente meterlas bajo la alfombra, dejan un rastro humeante y no se pueden abandonar como si se tratase de una serpiente cambiando de piel. Un empresario hostelero abandonó una deuda durante ocho años y bajo la misma se escondía. A: una sociedad que contrataba, dejaba de cotizar y se hundía y B: otra que iba recogiendo el relevo.
El resultado, tal y como resumen ABC y Cordópolis se ha saldado con cinco años de cárcel entre dos condenados y más de 1,5 millones de euros entre multas e indemnizaciones. Al menos según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, aunque todavía queda mucha tela que cortar.
Lo probado. Entre 2013 y 2021, el principal condenado, identificado como Á.V.C.Á., manejó un entramado societario en el sector de la hostelería que dejó de pagar sistemáticamente las cuotas de sus trabajadores y provocó un perjuicio de 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La sentencia le impone tres años de prisión: dos años y 300.000 euros de multa por el delito contra la Seguridad Social, más un año y otros 300.000 euros por no pagar sus propias cuotas de autónomo. También ve acreditado que cobraron una serie de eventos en dinero negro.
El testaferro. El segundo condenado, J.U.N., empresario de Lucena, se enfrenta a dos años de cárcel y 300.000 euros de multa como coautor. La Audiencia lo describe como un “testaferro o tercero interpuesto de manual”. Dicho en román paladino, era alguien que prestaba su nombre para que la gestión real quedara a la sombra. Ambos están inhabilitados por cinco años para recibir cualquier tipo de subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales/de la Seguridad Social.
Las deudas. La cifra es un cálculo a partir de los datos de la sentencia publicados por Cordópolis, y suma 1.506.615 euros. Las multas ascienden a 900.000 euros (600.000 del principal y 300.000 del testaferro). En lo civil, el principal condenado debe indemnizar a la TGSS con 361.896,06 euros y, el segundo, con 244.719,25 euros por las deudas de una de las empresas. Sumando los dos igualan los 606.615,31 euros defraudados.
Condenas mínimas. La Fiscalía llegó a pedir 23 años de cárcel para cuatro acusados, entre ellos 10 para el principal y 7 para el testaferro, además de multas millonarias. En el juicio se rebajó la petición a 4 y 3 años, al apreciar la atenuante de reparación del daño de quienes habían abonado parte de la responsabilidad civil.
Esas peticiones incluían un año por frustración de la ejecución, el delito de ocultar bienes para no pagar, del que la sentencia absuelve a ambos, a la hija del principal y a otra persona. De ahí que las condenas sean de 3 a 2 años. La defensa, por su parte, pidió que se apreciaran las dilaciones indebidas por los 3 años transcurridos entre el auto de transformación, en 2023, y la vista, en 2026. La sentencia aplica esa atenuante y la de reparación parcial del daño. Durante el juicio, el acusado principal se atrevió a culpar a la Administración de la quiebra de sus empresas.
Listón bajo. El Código Penal castiga la defraudación a la Seguridad Social cuando las cuotas impagadas superan los 50.000 euros en cuatro años naturales, con penas de hasta 5 años de prisión. La pena se agrava, de 2 a 6 años, si se superan los 120.000 euros, si se actúa en una organización o grupo criminal o si se usan personas interpuestas que dificulten identificar al responsable (el caso de los testaferros). Así que dejar un pufo sin más parece que no es necesariamente un delito, ya que los tribunales suelen exigir que haya algo más que simple impago.
Otra vez. En realidad esta es la segunda gran «trama» en este terriorio. En octubre de 2025, otro hostelero cordobés fue condenado a 2 años de cárcel y una multa de 620.000 euros, más 463.939,56 euros de indemnización (más de un millón entre ambas partidas), por impagos entre 2009 y 2018 con sociedades ficticias y sus hijas como administradoras nominales, según Cordópolis. En verano de 2025, el Supremo confirmó seis años y dos meses a un empresario cordobés que mantuvo a 39 empleados dados de alta sin pagar sus cotizaciones con 7 sociedades y que, además, simuló contratos para que otras personas cobraran prestaciones de forma fraudulenta.
En qué punto está. Ahora mismo la sentencia es de primera instancia, lo que significa que puede recurrirse en apelación ante el TSJA. A 9 de noviembre no se ha informado de si ha sido recurrida ni de si los condenados ingresarán en prisión: la defensa pidió suspender la ejecución de la pena y presentó un calendario de pagos a la Seguridad Social.
En lo económico, lo que no cotizaron las sociedades está pendiente de recuperarse (606.615,31 euros a la TGSS, de los que consta un ingreso previo de 40.000 euros y el compromiso de pagar 2.000 euros al mes).
Imagen | Turismo de Córdoba (Flickr)
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