La figura del “ultraje” podría implicar prisión de hasta un año y multas equivalentes al salario del funcionario afectado
Santo Domingo.– El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional de la República Dominicana introduce como delito el “ultraje” contra funcionarios públicos, una figura legal que penaliza con prisión y multa a quienes profieran insultos, gestos ofensivos o expresiones que atenten contra la dignidad de las autoridades, incluso fuera de espacios públicos.
De acuerdo con el artículo 310, se considera ultraje “el hecho de pronunciar palabras amenazantes, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer gestos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público”.
Esta conducta será sancionada con penas que van de 15 días a un año de prisión, además de una multa equivalente a entre dos y tres veces el salario del funcionario afectado al momento de la infracción.
Se activará por denuncia de la presunta víctima
El artículo 311 del nuevo Código establece que el ultraje será perseguido por acción pública a instancia privada.
Esto significa que solo podrá iniciarse el proceso penal si el funcionario presuntamente afectado presenta una denuncia formal, pero la causa será tramitada por el Ministerio Público como un asunto de interés público.
La disposición legal ha generado preocupación entre juristas y defensores de derechos civiles, debido a su redacción ambigua sobre qué tipo de palabras o gestos se consideran “contrarios a la dignidad”, lo cual podría dejar su interpretación a discreción de jueces o fiscales.
Además, la norma no especifica un rango jerárquico mínimo para que una persona sea considerada “funcionario o servidor público”, lo que implica que la disposición podría abarcar desde altos cargos ministeriales hasta empleados administrativos.
Posibles implicaciones
La sanción económica introducida también es variable, pues dependerá del salario del funcionario en cuestión, lo cual podría representar un castigo desproporcionado para ciudadanos de bajos ingresos en caso de ser condenados.
Aunque el nuevo Código Penal ya ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo, su aplicación se hará efectiva luego de transcurrido el período de vacatio legis, el cual permitirá la preparación de operadores judiciales y de la ciudadanía frente a los cambios normativos.
