Medida cautelar busca proteger la integridad del sistema de contrataciones públicas
Santo Domingo, República Dominicana.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió este jueves a 20 proveedores del Estado tras detectar presuntas prácticas fraudulentas en procesos de compras públicas.
La medida, basada en la resolución DGCP44-2025-004600, afecta a personas jurídicas y consorcios investigados por el Ministerio Público.
Suspensión preventiva de proveedores
La DGCP informó que los Registros de Proveedores del Estado (RPE) suspendidos corresponden a las empresas: Comerdon SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca SRL; Tingley Business SRL;
Asi mismo, Mediterráneo Investments Group SRL; Kury Limited; Importadora Coav SRL; Empresas Integradas SAS; Flexiplas SRL; Inversiones Nogal Verde SRL; Agro Avícola Benevento SRL; Grupo Empresarial Barnichta SRL; Inversiones Yang SRL; Topicverse SRL; y Roment SRL.
La medida también incluyó a los consorcios: Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa; y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
Investigación penal en curso
La DGCP señaló que la investigación administrativa y el proceso penal que lleva a cabo el Ministerio Público revelan presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores.
La institución advirtió que podrían sumarse otras personas naturales o jurídicas conforme avancen las pesquisas.
Medida cautelar, no sanción
Mediante una nota de prensa, la DGCP aclaró que la suspensión no es una sanción, sino una acción preventiva.
“El solo hecho de mantener la habilitación operativa de las empresas investigadas implica un riesgo real de reiteración u obstrucción del proceso”, indicó la entidad.
La DGCP sostuvo que existen indicios razonables de colusión organizada que afectan la libre competencia, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
Antecedentes de la investigación
El órgano rector recordó que en octubre remitió un informe técnico a la Procuraduría General de la República, elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General, donde se documenta la manipulación de procesos de contrataciones, amenazas a proveedores y posibles vínculos con funcionarios.
Los hallazgos revelan patrones de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
Testimonios recogidos en la investigación denunciaron chantajes y presiones para abandonar adjudicaciones, lo que evidencia mecanismos de intimidación que afectan la transparencia del sistema.
Protección del sistema de contrataciones
La DGCP aseguró que esta medida cautelar es necesaria para resguardar la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y garantizar la igualdad entre los oferentes.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público.
