Una fotografía de Luis Beltrán Yáñez-Cruz, de 68 años y residente de Nueva Jersey, se exhibe durante su funeral tras su fallecimiento bajo custodia del ICE, en la iglesia católica Nuestra Señora de la Soledad, el 16 de enero de 2026, en Coachella, California (Estados Unidos). / Crédito: Gina Ferazzi/Los Angeles Times vía Getty Images.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) pidió al Congreso incluir una reforma migratoria en el paquete de reconciliación presupuestaria que actualmente negocian los legisladores.
Los obispos buscan la protección de las necesidades pastorales de las personas detenidas y cambios en las prácticas de aplicación de la ley.
“Alentamos a los miembros de ambos partidos a rechazar las asignaciones presupuestarias partidistas y, en su lugar, a rededicarse a un proceso colaborativo que busque el bien común y promueva la dignidad humana y el florecimiento integral”, escribieron en una carta dirigida a legisladores republicanos y demócratas.
La carta fue firmada por el Arzobispo de Oklahoma City, Paul Coakley, presidente de la USCCB, y por el Obispo de Victoria, Texas, Brendan Cahill, presidente del Comité de Migración de la USCCB.
En la carta, los obispos reconocen “el papel legítimo del Estado para regular la inmigración, incluso al llevar ante la justicia a aquellos entre nosotros que buscan causar daño”, pero expresan preocupaciones sobre las prácticas de aplicación de la ley.
“La aplicación de las leyes migratorias no puede verdaderamente promover el bien común sin condiciones razonables que aseguren el respeto de la dignidad que Dios le ha dado a cada persona, en la cual es inherente el ejercicio de ciertos derechos fundamentales”, escribieron.
Los obispos pidieron que la aplicación de la ley se alinee mejor con “el orden moral”, por ejemplo, evitando operativos cerca de lugares sensibles como las iglesias cuando no existan circunstancias extremas y “garantizando el acceso constante a servicios religiosos y pastorales” para las personas detenidas.
“En lugar de impulsar estas medidas mediante un proceso bipartidista, el Congreso ahora corre el riesgo de sentar un precedente preocupante: uno en el que la promoción del bien común se ve socavada en aras de la conveniencia política”, escribieron.
Durante la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revocó una norma que imponía límites a la aplicación de las leyes migratorias en “lugares sensibles” como las iglesias. Los funcionarios del DHS siguen apelando al criterio de los agentes y sostienen que tales operativos serían poco frecuentes.
El DHS también afirma que alienta al clero a solicitar adaptaciones para garantizar que se atiendan las necesidades espirituales de las personas detenidas, aunque funcionarios negaron solicitudes de líderes religiosos para llevar los sacramentos a un centro de procesamiento migratorio en Illinois hasta que se presentó una demanda federal en noviembre de 2025, tras repetidas negativas.
El DHS salió recientemente de un prolongado estancamiento presupuestario para el año fiscal 2026, el cierre más largo en su historia. El Congreso aprobó un proyecto de ley que financió la mayoría de los componentes del DHS, pero el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quedó sin resolverse, lo que requiere acciones legislativas por separado. La complejidad en curso podría influir en el calendario de asignaciones para el año fiscal 2027, y los republicanos han propuesto otorgar a ICE y CBP 70 mil millones de dólares adicionales, además de los 170 mil millones que el Congreso ya asignó el año pasado.
Los obispos solicitaron a los legisladores “limitar los aumentos adicionales de financiamiento para la aplicación de la ley migratoria después de las cantidades sin precedentes otorgadas a través del proyecto de reconciliación del año pasado”. Expresaron su preocupación por “un enfoque de la inmigración basado únicamente en la aplicación de la ley”, el cual, afirmaron, “nunca puede satisfacer las exigencias de la ley moral”.
“Este tipo de enfoque tampoco apoya verdaderamente el bienestar y la prosperidad de las comunidades estadounidenses”, señalaron los obispos.
Cincuenta y cuatro personas han muerto bajo custodia del ICE desde el inicio del año fiscal 2025, lo que representa un 125% más de muertes de detenidos que las ocurridas durante los cuatro años fiscales anteriores en conjunto (24 muertes), según datos de informes sobre fallecimientos de personas detenidas por el ICE.
En su carta al Congreso, los obispos citaron un discurso del Papa León XIV del 9 de enero, en el que el Santo Padre afirmó: “Los procesos democráticos, para ser auténticos, deben ir acompañados de la voluntad política de perseguir el bien común, fortalecer la cohesión social y promover el desarrollo integral de cada persona”.
Los obispos pidieron al Congreso seguir esa orientación al elaborar el proyecto de ley presupuestario.
“A través de este esfuerzo de reconciliación y de las circunstancias que le dieron origen, observamos la lamentable ausencia de esa voluntad y, por lo tanto, el fracaso en lograr reformas razonables y necesarias a las actuales prácticas de aplicación de la ley migratoria”, concluyeron.
Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Fuente: www.aciprensa.com
