Fachada del Capitolio de los Estados Unidos y Capitol Hill. / Crédito: fivetonine – Shutterstock
Los obispos de Estados Unidos instaron al Congreso a reautorizar el Programa de Visas para Trabajadores Religiosos, proteger los servicios para refugiados y menores no acompañados, y rechazar la ampliación de las medidas de control y detención migratoria, advirtiendo que las políticas de deportación masiva socavarían el debido proceso y separarían a las familias.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) envió el 1 de junio una lista de solicitudes relacionadas con la inmigración a los legisladores, que próximamente votarán las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2027.
En una carta dirigida a los líderes de los Comités de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes y del Senado, el Obispo Brendan J. Cahill escribió en nombre de la USCCB solicitando que el comité considere “prioridades adicionales” relacionadas con “la vida y la dignidad humana”.
“El bienestar de los inmigrantes, refugiados, niños extranjeros no acompañados, víctimas de trata de personas y otras poblaciones, así como nuestro sistema migratorio en general, es una preocupación profunda para la Iglesia Católica”, escribió Mons. Cahill, presidente del Comité de Migración de la USCCB.
“Nuestras perspectivas sobre estos asuntos están fundamentadas en la Sagrada Escritura y en la enseñanza católica, incluida nuestra creencia en la dignidad inherente e inviolable de toda persona”, afirmó.
La carta fue enviada a las senadoras Susan Collins y Patty Murray, así como a los representantes Tom Cole y Rosa DeLauro.
Los obispos pidieron que continúe la financiación de los programas de Asistencia para Refugiados y Recién Llegados (REA), administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ya que son necesarios para ayudar a refugiados, víctimas de trata y otros grupos migrantes.
También solicitaron asignaciones presupuestarias “sólidas” para la División de Salarios y Horas y para la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de apoyar a las víctimas de trata, además de fondos para la Asistencia Humanitaria Internacional y la Asistencia de Emergencia para Refugiados y Migración.
Si bien reconocieron el derecho del gobierno a hacer cumplir las leyes migratorias, los obispos reiteraron su oposición a la expansión de las medidas de control y detención, y pidieron alternativas “más humanas”.
La carta advirtió que las deportaciones masivas amenazan el debido proceso, la unidad familiar y pueden fomentar prácticas discriminatorias. Asimismo, pidió al Congreso garantizar que las personas detenidas tengan acceso a servicios religiosos y pastorales.
Peticiones específicas de los obispos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) opera actualmente sin una financiación completa para el año fiscal 2026 y ha dependido de resoluciones temporales después de un cierre parcial de 76 días que terminó el 30 de abril. La administración Trump solicita al Congreso aprobar 118.400 millones de dólares para el DHS en el año fiscal 2027, lo que representa un aumento de 6.600 millones respecto a los niveles actuales.
Los obispos pidieron considerar la reautorización permanente del Programa de Visas para Trabajadores Religiosos para evitar “la incertidumbre y la interrupción” que su posible expiración genera para las organizaciones religiosas, sus trabajadores y las comunidades a las que sirven.
También reiteraron su solicitud para que el Congreso apruebe la H.R. 2672/S. 1298, denominada por sus promotores como la “Ley de Protección de la Fuerza Laboral Religiosa”, que permitiría a ciertos trabajadores religiosos permanecer en Estados Unidos más allá del límite de cinco años de las visas R-1 mientras esperan la resolución de sus solicitudes de residencia permanente o visas de inmigrante.
Los obispos instaron además al Congreso a respaldar organismos que ayudan a “promover la confianza” en el sistema migratorio y que, según señalaron, se han debilitado o han dejado de funcionar, incluida la Oficina del Inspector General del DHS y la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención Migratoria.
Preocupados por las “restricciones basadas en la nacionalidad en las vías legales de inmigración”, solicitaron que el Departamento de Estado y el DHS informen sobre el estado de todas esas restricciones.
Finalmente, exhortaron a los legisladores a financiar el Programa de Orientación Legal, apoyar el sistema de tribunales migratorios y supervisar las funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias durante el debate de la ley de asignaciones presupuestarias de Comercio, Justicia y Ciencia para el año fiscal 2027.
Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Fuente: www.aciprensa.com
