Agendar una cita, pagar un impuesto, llenar un formulario o actualizar datos ya son acciones cotidianas que muchas instituciones han implementado totalmente en línea, representando un avance para digitalizar sus servicios y agilizar muchos trámites a los ciudadanos. Aún así, la falta de interoperabilidad entre las entidades del Estado sigue siendo una debilidad.
En Estonia, un país europeo de apenas 1.4 millones de habitantes y un tamaño similar al de la República Dominicana, estas limitaciones quedaron en el pasado: todo se puede hacer sin necesidad de imprimir un solo papel, los servicios públicos están interconectados (con hasta 240 de ellos integrando inteligencia artificial) y es reconocido como un referente europeo en materia de modernización y ciberseguridad.
A juicio de la ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, Liisa Pakosta, la República Dominicana ya cuenta con una infraestructura digital sólida y normativas para poder dar el salto hacia la integración de todas sus plataformas estatales, lo que agilizaría el tiempo de los ciudadanos y mejoraría el desempeño del Gobierno.
“Para ahorrarle tiempo a los ciudadanos, tenemos que garantizar que las instituciones puedan interoperar los datos, de manera que las personas no tengan que perder su tiempo. Y para eso se necesitan reglas; cada vez que nos topamos con un problema, establecemos una regla”, apuntó.
Explicó que Estonia aceleró este proceso en el momento en que pudo centralizar su toma de decisiones y su manejo financiero, así como el establecimiento de normas claras para aquellas entidades que seguían operando sus plataformas digitales sin integrar debidamente sus datos con el resto de instituciones públicas.
“Si no obedecen las reglas, no se les da dinero (público)”, subrayó.
Ciberseguridad e inteligencia artificial
Pakosta indicó que, más allá de facilitar el intercambio de información, el Gobierno debe asegurar que todas sus plataformas digitales manejen los datos de sus ciudadanos de manera segura.
“La ciberseguridad construye confianza. Lo más importante de crear cualquier servicio digital, sobre todo del Gobierno, es que sea confiable, que todos los datos estén protegidos y que todas las normativas de ciberseguridad se cumplen”, apuntó.
Dijo que esto es fundamental ante el aumento exponencial de los ciberataques, sobre todo en los últimos años.
En ese tenor, el uso de la inteligencia artificial generativa puede ayudar a fortalecer estos sistemas. Sin embargo, Estonia ya tiene claramente establecido en qué usa la IA, y en qué no.
“Nuestros servicios (públicos) usan, más o menos, datos públicos, no datos sensibles”, enfatizó.
“Somos un estado independiente donde nuestra gente toma todas las decisiones. Esto significa que las soluciones de IA también deben estar completamente bajo el control de nuestros parlamentos”, agregó.
Indicó que esto ha sido importante porque se trata de una cuestión soberana, ya que no ponen toda su información para que esté al servicio de una sola empresa.
Explicó que, si bien la República Dominicana no tiene que seguir los mismos pasos de Estonia en este sentido, es importante que las autoridades establezcan reglas claras en este ámbito.
RD tiene las bases
Estonia es el país pionero de X-Road, un sistema de código abierto que facilita la interconexión de las bases de datos de sus instituciones públicas de manera segura, una arquitectura digital que ya se implementa en la República Dominicana.
Esta infraestructura ya se usa en más de 20 países alrededor del mundo y, de acuerdo con Pakosta, ha demostrado mantenerse “fuerte” e “inhackeable”.
Un ejemplo claro de ello es Ucrania, nación que pudo mantener sus datos protegidos durante la escalada de la guerra contra Rusia.
Además, aunque X-Road se construyó antes de la expansión de la inteligencia artificial generativa, poseen una capacidad de cómputo intermedia que permite su adaptación para el uso de la IA.
Soluciones accesibles
De igual manera, la funcionaria estonia recordó que la ventaja de las soluciones digitales es que, a menudo, son accesibles, lo que permite implementarlas y sortear las limitaciones presupuestarias que pueda tener el Gobierno.
La administración pública de Estonia es resultado de esto. Luego de que el país recobrara su independencia de Rusia en el 1991, quedó totalmente empobrecido, y basarse en la tecnología para organizar su aparato estatal no solo era la vía más efectiva, sino también la más accesible en ese momento.
“Hay muchas posibilidades para desarrollar servicios digitales fantásticos de manera bastante barata. Y con la buena relación que hay entre nuestros países, ayudaremos más adelante a encontrar formas extremadamente eficientes, pero también costo efectivas, para salir adelante”, aseguró.
Normas
Pakosta observó que, en términos de regulaciones, la República Dominicana se encuentra encaminada, y valoró como importante la existencia de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
“Si hay alguna duda de que su país podría aún no tener todas las regulaciones que necesita, yo diría que es algo positivo, porque el ámbito técnico está cambiando de maneras muy rápidas”, señaló.
Recientemente, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 402-2026, en el que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos en la Administración Pública, una iniciativa que busca impulsar el intercambio de información entre las instituciones públicas. La disposición ordena el intercambio seguro, trazable y oportuno de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre los entes y órganos gubernamentales.
Patoska conversó con Diario Libre durante su visita por primera vez a la República Dominicana para sostener encuentros con sus homólogos locales en el marco de la cooperación digital que el país sostiene con la Unión Europea, que actualmente contribuye a que se posicione como un centro regional de servicios digitales para el Caribe bajo estándares europeos.
El programa digital UE-República Dominicana, que se coordina junto al Ministerio de Administración Pública (MAP) como contraparte principal, cuenta con una contribución de hasta siete millones de euros, con potencial para movilizar inversiones adicionales a través de instituciones financieras europeas en una segunda fase.
El programa busca contribuir a la adopción e implementación de marcos regulatorios sobre protección de datos, alineados con la regulación ya existente en la Unión Europea (RGPD).
Además, brindará apoyo en el desarrollo de servicios digitales de confianza (como la firma electrónica, el sellado de tiempo y la notificación electrónica), así como en las plataformas compartidas de interoperabilidad entre instituciones públicas y la adopción de las normas ISO 27001 e ISO 20000.
Fuente: www.diariolibre.com
