La inclusión expresa de la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación enfrentó este miércoles a organizaciones de la comunidad LGBT con un amplio grupo de sectores religiosos, familiares y provida que acudieron ante el Tribunal Constitucional para rechazar el recurso presentado contra el artículo 173 del nuevo Código Penal.
Mientras los argumentos jurídicos se debatían dentro del tribunal, en la Plaza de la Bandera se concentraron personas de la población LGBT para respaldar la acción y reclamar que la protección contra la discriminación no quede sujeta a interpretaciones de jueces y fiscales.
La controversia tiene como protagonistas a la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, quienes cuestionan que el artículo 173 no mencione expresamente la orientación sexual entre las categorías protegidas.
“Somos grupos discriminados y excluidos socialmente y nuestra Constitución nos protege”, afirmó Díaz, quien sostuvo que el Código Penal debe protegerlas de manera expresa.
El abogado Roberto Acevedo, representante de las accionantes, planteó que no buscan crear un delito nuevo, sino evitar que las personas discriminadas por su orientación sexual queden en una zona de incertidumbre jurídica.
Según Acevedo, se trata de garantizar que las conductas que el artículo 173 ya considera discriminatorias reciban la misma protección cuando el motivo sea la orientación sexual.
Frente a esa posición se levantó una amplia representación de organizaciones y personas que sostienen que el Tribunal Constitucional no puede ampliar por vía interpretativa las categorías de discriminación ni crear nuevas consecuencias penales.
- El abogado Juárez Castillo, representante de sectores de la Iglesia Católica, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y otras organizaciones, sostuvo que la pretensión de las accionantes busca modificar indirectamente el artículo 39 de la Constitución.
Castillo argumentó que el artículo 173 reproduce las categorías de discriminación previstas constitucionalmente y que incluir la orientación sexual mediante una sentencia supondría que el Tribunal asuma funciones propias del poder constituyente o del Congreso.
También advirtió que una protección penal formulada de esa manera podría entrar en tensión con otros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de expresión, los derechos de la familia y la facultad de los padres sobre la educación de sus hijos.
Los sectores que representa pidieron al TC rechazar íntegramente la acción y declarar constitucional el artículo 173. También solicitaron que se descarte la posibilidad de incorporar judicialmente la orientación sexual como una nueva categoría penal.
El choque, sin embargo, no se limita a una diferencia sobre la redacción de un artículo. Las accionantes sostienen que la falta de una mención expresa deja desprotegidas a personas que históricamente han sufrido discriminación, mientras sus opositores consideran que una inclusión específica podría afectar derechos de quienes sostienen posiciones religiosas o morales contrarias a determinadas conductas.
La acción de Colesdom corresponde al expediente TC-01-2026-0026, uno de los 23 casos de inconstitucionalidad conocidos este miércoles por el Tribunal Constitucional durante una audiencia pública en la que se trataron además asuntos relacionados con el Código Penal, lavado de activos, residuos sólidos, salud, facturación electrónica, registro inmobiliario y licencias de conducir.
La disputa dentro del expediente
La dimensión del enfrentamiento quedó reflejada en la cantidad de organizaciones y personas que intervinieron voluntariamente en el proceso.
Del lado de quienes respaldan la acción aparecen Diversidad Dominicana, la Fundación Casa Q+ y Anderson Javiel Dirocie de León.
Entre quienes se oponen figuran la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Codue, Medirec, Pro-Nación, Juventud con una Misión (Jucum), Grupo Acción Cristiana y Alianza Vitae, entre otras entidades.
También aparecen organizaciones agrupadas bajo Fomudevi, entre ellas Fundación Laso, Princesas del Siglo 21, Fundación Funcare, Fundación Mujer Pro-Solidaridad con Amor, Fundación Matrimonio Feliz, Ministerio de Restauración Familiar Soplo de Vida, Fundación Educativa Fe y Dorcas y Fundación RD Inclusiva.
El expediente también exhibe una diferencia entre órganos del Estado. La Procuraduría General de la República ha sostenido que la orientación sexual puede quedar comprendida dentro de las categorías abiertas del artículo 173, mientras la Cámara de Diputados defendió ante el TC la constitucionalidad de la redacción aprobada.
Ahora el Tribunal Constitucional deberá decidir si la orientación sexual ya está comprendida en las categorías de protección previstas en el artículo 173 o si su ausencia expresa constituye una omisión que debe ser corregida.
Fuente: www.diariolibre.com
