Los padres de nueve niños, con edades entre dos y 13 años, rescatados de un hogar en Haina, no se han querellado contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor”, y acudieron ayer al Palacio de Justicia de San Cristóbal para defenderlo junto a familiares y personas que aseguran haber vivido en la fundación “Restaurando Vidas. Un Muerto que Revive”, en Haina.
No obstante, el Ministerio Público representará a las víctimas, una de las cuales fue calificada por el abogado del principal imputado como un «menor travieso» que dio origen al caso.
La audiencia de medida de coerción contra Capellán e Isaías Muñoz, por presunta trata de menores con fines de explotación laboral, fue aplazada para el próximo jueves 10 de septiembre, a fin de conocerse el anticipo de prueba de los niños que estaban en la entidad, según informó la fiscal Fanny Garabito, junto a los magistrados Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo.
Garabito indicó que solicitarán tres meses de prisión preventiva y mantienen como calificación jurídica provisional la trata de personas con fines de explotación laboral. Puntualizó que los presupuestos que sustentan el pedimento fueron depositados y serán ventilados durante la audiencia correspondiente.
De acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio Público, el expediente identifica a los nueve afectados y recoge alegaciones de golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos a los que supuestamente eran sometidos. Añadió que los menores son considerados como las víctimas directas del proceso y serán representados por Relevic, el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima de la Procuraduría.
Defensor de Capellán
Sin embargo, el abogado Manuel Soto Lara, defensa de Ángel Capellán,cuestionó que en el proceso no exista, una denuncia o querella presentada por los padres o familiares de los nueve niños.
“No hay una denuncia, ni un familiar de esos niños, se enteran porque hay un niño travieso, hijo de madre soltera, que ella no lo aguanta, un menor en conflicto con la ley, lo llevan, se escapa y miren que ese menor se escapa y no coge para donde su mamá, coge para la Policía, porque es un menor que tiene muchos antecedentes y conoce ya estos asuntos”, dijo Lara.
El jurista sostuvo que los menores fueron llevados a la fundación con el consentimiento de sus padres y rechazó que hayan sido retenidos contra su voluntad.
Ante este argumento, la fiscal indicó que el caso todavía se encuentra en etapa de investigación y que corresponderá al tribunal determinar las responsabilidades a partir de las evidencias que sean presentadas.
La investigación se inició el pasado 28 de agosto después de que un niño de 12 años escapara de la fundación y acudiera al destacamento policial de Hatillo, donde habría solicitado protección. Posteriormente, las autoridades realizaron allanamientos en el lugar y localizaron a otros niños.
El expediente incorpora, entre otras evidencias, entrevistas de psicología forense y certificados médicos practicados a los niños, además de las actas de los allanamientos realizados por las autoridades.
El abogado cuestionó que el Ministerio Público utilice como argumento que la fundación no contaba con autorización para operar como centro de acogida de menores. Sostuvo que, de ser cierta la falta de autorización, se trataría de una situación administrativa que debía ser regularizada, y no de un delito penal.
Además, defendió la labor realizada por Capellán y afirmó que el centro ofrecía acogida tanto a niños como a adultos mayores, por lo que consideró que su cierre dejó a estas personas sin un espacio de protección.
Sobre las alegaciones de golpes y quemaduras relatadas por uno de los niños, el abogado manifestó que, si se comprueba que hubo maltrato, debe investigarse y establecerse quién fue responsable, pero rechazó que esos hechos sean utilizados para desmantelar el centro.
Apoyo de los padres
Con lágrimas, oraciones y reclamos de justicia, padres, familiares y personas que aseguran haber vivido en la fundación “Restaurando Vidas. Un Muerto que Revive” acudieron este jueves al Palacio de Justicia de San Cristóbal en respaldo al pastor señalado por presuntos abusos contra menores.
Los manifestantes sostienen que las acusaciones no corresponden con la labor que, según afirman, durante años ha desarrollado el religioso con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
“Yo lloro por la impotencia porque es que todo lo que dicen ahí es mentira”, expresó Julia Santos, una de las mujeres que acudió al tribunal en defensa del pastor.
Santos aseguró que tiene una hija adulta que permanece en la fundación desde hace cuatro años y afirmó que decidió llevarla allí porque debía trabajar y no podía supervisarla permanentemente.
Según relató, otras madres también han recurrido al centro ante dificultades económicas o familiares para hacerse cargo de sus hijos e incluso con condiciones especiales.
Los que apoyan al religioso también cuestionaron lo que consideran una condena anticipada a través de la opinión pública y los medios de comunicación.
“Se ha hecho una presión inmensa para condenar a un hombre que, repito, lo que ha hecho es bien”, expresó uno de los presentes.
“Hoy soy un hombre profesional”
Entre quienes acudieron a respaldar al pastor se encontraba Obispo Montero, quien aseguró haber permanecido más de tres años en la fundación. “Tuve más de tres años en esa fundación. Buenísima. Te digo que fui en un momento de reflexión para mi vida. Hoy, gracias a Dios, soy un hombre profesional, formado. Tengo mis negocios personales. He crecido”, afirmó.
Montero sostuvo que el pastor ha dedicado su trabajo a rescatar a menores que, según dijo, se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. “El único mal que ha cometido, según las informaciones que se han dicho, es salvar a niños que han estado en la calle”, manifestó.
Fuente: www.diariolibre.com
