Los procesos responden a tratados bilaterales suscritos por la República Dominicana con ambas naciones
Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo, mediante los decretos 228-25 y 229-25, autorizó la extradición de dos ciudadanos dominicanos solicitados por las autoridades judiciales del Reino de España y de los Estados Unidos, conforme a las normativas y tratados internacionales vigentes.
En el Decreto 228-25, se ordena la entrega al Reino de España del ciudadano Ernesto Pérez Sánchez, quien fue condenado por la justicia española por la comisión de un delito contra la salud pública.
En tanto, a través del Decreto 229-25, se dispone la entrega en extradición de Francisco Javier Caminero Castillo, requerido por el gobierno de los Estados Unidos por la presunta comisión de varios delitos, aún no especificados oficialmente.
Tratados de extradición
Estas decisiones se enmarcan en los tratados bilaterales de extradición que la República Dominicana mantiene con ambos países. Con Estados Unidos, el país firmó un tratado de extradición en 1909, el cual fue actualizado por un protocolo en 1936.
Este acuerdo establece la cooperación judicial en materia penal entre ambas naciones, permitiendo la entrega de personas imputadas o condenadas por delitos graves, siempre que estos sean reconocidos por ambas legislaciones.
En cuanto a España, República Dominicana firmó un tratado de extradición en 1983, que establece las condiciones bajo las cuales ambos países pueden solicitar la entrega recíproca de personas perseguidas judicialmente, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
Ambos tratados contemplan excepciones, como la no extradición por delitos políticos o cuando el acusado sea nacional del país requerido, aunque en el caso dominicano, la Constitución y la jurisprudencia han permitido la extradición de ciudadanos nacionales bajo ciertas condiciones, especialmente en delitos relacionados con el narcotráfico, crimen organizado o corrupción.
La ejecución de estas extradiciones evidencia el compromiso del Estado dominicano con la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad transnacional y el fortalecimiento del sistema de justicia.
