sábado, febrero 7, 2026
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Imponen tres meses de prisión preventiva a exdirector distrital de Joba Arriba tras hallazgo de armas en su residencia

Aquiles Arias Flete, exfuncionario del PRM, fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca mientras avanzan las investigaciones

Por: José Zapata 

Fotos: Fuente externa 

Espaillat.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Aquiles Arias Flete, exdirector de la Junta Distrital de Joba Arriba, municipio Gaspar Hernández, luego de que en un allanamiento realizado el pasado jueves se le incautara varias de armas de fuego y municiones en su residencia.

El imputado fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en el municipio de Moca, donde cumplirá la medida mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

La detención de Arias Flete se produjo el jueves 13 de junio durante un operativo encabezado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, en cumplimiento de la orden judicial No. 598-1-2025-SAUT-00152, emitida por el juez Sandy Antonio Castillo Batista.

El allanamiento se realizó a las 5:00 de la mañana en la vivienda del exfuncionario, ubicada en el sector La Piragua del distrito municipal de Joba Arriba.

El procedimiento fue dirigido por el procurador fiscal Albert Vázquez, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional bajo el mando del coronel Almánzar, el teniente coronel Lorenzo, subdirector regional de Espaillat, y agentes del Dintel.

Durante la intervención, las autoridades confiscaron tres pistolas de distintas marcas, dos escopetas calibre 12 milímetros, un fusil tipo AR-15, varios cargadores y municiones de diversos calibres.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el exfuncionario, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), poseía los permisos legales correspondientes para el porte y tenencia de dichas armas.

El Ministerio Público indicó que continúan las investigaciones para determinar la procedencia de las armas incautadas y si estas guardan relación con actividades ilícitas.

La medida de coerción fue impuesta por el juez de atención permanente tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, que calificó el caso como grave por el volumen y tipo de armamento ocupado. 

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