El Ministerio Público acusa al empresario de homicidio involuntario tras el derrumbe del techo de la discoteca, que dejó 236 muertos
Santo Domingo. – La procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso defendió este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, por su presunta responsabilidad en el derrumbe del techo del establecimiento, hecho que dejó un saldo de 236 fallecidos.
Durante una rueda de prensa posterior a la rendición de cuentas del Defensor del Pueblo en el Senado, Reynoso indicó que el Ministerio Público actuó conforme a una política institucional que prioriza la persecución de casos con alta lesividad social, como el del Jet Set, por su impacto en la sociedad dominicana.
“La sociedad merece que se persigan estos casos con firmeza. Si observan nuestra trayectoria, no hemos actuado de manera distinta en situaciones similares”, expresó Reynoso, aludiendo a casos anteriores donde también se ha solicitado prisión preventiva como medida para garantizar el proceso de investigación.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo.
Además del pedimento contra Antonio Espaillat, se solicitó arresto domiciliario para su hermana, Maribel Espaillat, también vinculada al caso.
Según el expediente depositado ante el tribunal, el colapso estructural fue consecuencia de una supuesta “negligencia e irresponsabilidad” por parte de los propietarios del establecimiento.
A pesar de contar con otras medidas de coerción como arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica o impedimento de salida, la Procuraduría optó por la prisión preventiva, amparada en las disposiciones del Código Procesal Penal, debido a la gravedad del hecho.
Reclamo por nuevo Código Penal
Durante su intervención, Reynoso también insistió en la necesidad de aprobar un nuevo Código Penal, señalando que el actual tiene más de 140 años de vigencia.
Aunque reconoció que los fiscales deben trabajar con la legislación actual, reiteró el llamado al Congreso para actualizar el marco normativo acorde a las nuevas realidades delictivas del país.
Actualmente, el proyecto de reforma al Código Penal se encuentra en estudio en una comisión bicameral del Congreso Nacional.
El liderazgo legislativo busca su aprobación antes del cierre de la presente legislatura, el próximo 26 de julio.
