La audiencia fue aplazada para este miércoles por el tribunal de Santo Domingo Este; más de 40 mujeres fueron rescatadas en el operativo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que imponga 18 meses de prisión preventiva a ocho personas imputadas por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y lavado de activos, en el marco de la Operación Begonias.
Los imputados son los dominicanos Johanse Díaz Casado (Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo), así como las ciudadanas colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana, Naye o la Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortes y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para este miércoles por la jueza Karen Casado.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), representada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, y la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezada por su titular Milcíades Guzmán.
De acuerdo con el expediente, los imputados captaban a mujeres en Colombia, a quienes trasladaban a República Dominicana bajo falsas promesas de empleo como camareras o bartender, y luego las explotaban sexualmente.
Una vez en el país, les retenían sus documentos, las amenazaban con hacer daño a sus familiares y las presionaban con supuestas deudas de entre 3,500 y 4,000 dólares.
Durante la Operación Begonias, ejecutada el pasado sábado en la provincia Santo Domingo, fueron rescatadas más de 40 mujeres.
Se realizaron múltiples allanamientos, en los cuales se ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones, sustancias controladas y varios inmuebles utilizados como centros de operaciones de la red.
En las labores participaron más de 85 agentes de la Policía Nacional, 10 fiscales y personal técnico especializado, con el apoyo de la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB), la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento de Trata de Personas y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
