Director Milton Morrison acusa a la compañía de presionar ilegalmente para extender contrato vencido sin licitación
Santo Domingo, República Dominicana. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña, por presuntos actos de soborno, chantaje, lavado de activos y estafa contra el Estado.
La acción legal fue depositada el viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), e incluye acusaciones sobre una compleja trama de presiones económicas e institucionales que habrían tenido como objetivo lograr la extensión irregular de un contrato vencido para la gestión del sistema nacional de licencias de conducir.
Según detalla la querella, los ejecutivos de Dekolor habrían ofrecido hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3 millones mensuales en pagos ilícitos, además de entregar dinero en efectivo y ejercer amenazas personales contra funcionarios del INTRANT, con el fin de obtener una prórroga del contrato sin someterse a un nuevo proceso competitivo.
El contrato en cuestión fue adjudicado en enero de 2020 por un período de cinco años, incluyendo la administración de 21 centros de atención, el suministro de equipos y personal, así como la gestión tecnológica del sistema de emisión y renovación de licencias.
No obstante, fue modificado tres veces mediante adendas sin aprobación del Consejo del INTRANT, y la actual gestión denuncia que Dekolor buscaba mantenerse en la operación de manera ilegal.
La querella se fundamenta en las leyes 448-06 sobre soborno, 155-17 sobre lavado de activos, la Ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología, así como en disposiciones del Código Penal dominicano relativas a la asociación de malhechores y estafa al Estado.
El documento, según informó el INTRANT, está respaldado por informes internos, auditorías de la Contraloría General de la República, pruebas documentales y testimonios, y revela la existencia de una estructura criminal organizada con el propósito de apropiarse de recursos públicos mediante la manipulación de decisiones administrativas.
La acción penal presentada directamente por un funcionario de alto nivel como Morrison representa un hecho inusual en la práctica institucional dominicana, donde generalmente es el Ministerio Público quien encabeza los procesos contra la corrupción administrativa.
Este precedente, según expertos en justicia administrativa, podría marcar una nueva pauta en el ejercicio de la responsabilidad pública frente a irregularidades contractuales.
