La normativa prohíbe el fraccionamiento de contratos, institucionaliza la “Tienda Virtual” y blinda el sistema electrónico de compras públicas
Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura y por unanimidad el proyecto de ley que crea un nuevo régimen legal para las contrataciones públicas en la República Dominicana.
La propuesta sustituye la Ley 340-06, vigente desde 2006, y fortalece el sistema de compras del Estado con sanciones penales, nuevos mecanismos de control y mayor digitalización de los procesos.
Una de las principales novedades es la incorporación de un título penal que establece consecuencias para funcionarios, legisladores, empresarios y contratistas que incurran en actos de corrupción vinculados a compras y contrataciones públicas.
La ley contempla entre dos y cinco años de prisión para funcionarios públicos que se involucren en negocios con el Estado, y hasta 10 años para contratistas que ofrezcan sobornos para obtener contratos.
La legislación también sanciona a quienes falseen documentos, manipulen licitaciones, incurran en tráfico de influencias o participen en procesos estando inhabilitados.
Esta nueva dimensión penal busca cerrar brechas que durante casi dos décadas no fueron cubiertas por la ley anterior.
Otro aspecto innovador del proyecto es la creación de la “Tienda Virtual”, una plataforma oficial en línea donde las instituciones deberán adquirir productos o servicios disponibles allí.
Solo se podrá contratar fuera de esa vía si se justifica una mejor oferta y se obtiene autorización expresa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Asimismo, la normativa prohíbe el fraccionamiento de contratos, una práctica comúnmente usada para evadir controles y límites presupuestarios.
Según el nuevo texto legal, no se podrán dividir contrataciones dentro de un período de tres meses si corresponden al mismo tipo de bien o servicio, so pena de sanciones institucionales.
El proyecto institucionaliza de manera obligatoria el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), en el cual deberán registrarse todas las fases del proceso: desde la planificación hasta el cierre del contrato. Cualquier proceso realizado fuera de este sistema será considerado inválido y sujeto a penalidad.
Esta ley responde a un llamado directo del presidente Luis Abinader, quien en noviembre de 2024 solicitó al Congreso agilizar su aprobación como parte del compromiso gubernamental con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el proyecto quedó estancado durante varios meses debido a desacuerdos técnicos y políticos que finalmente fueron superados.
Tras este consenso logrado en la Cámara de Diputados, la iniciativa será enviada al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación final.
