El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a El Salvador a revisar la decisión de aplicar cadena perpetua a menores por crímenes graves, argumentando que viola los derechos de la infancia. Esta medida, parte de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, ha generado controversia y preocupación internacional.
Las modificaciones en la ley penal juvenil, que permiten la imposición de cadena perpetua a menores de 18 años, han sido duramente criticadas por organismos como la OACNUDH y UNICEF. Estas entidades advierten que la detención prolongada de menores es perjudicial y contraria a los principios de derechos humanos.
A pesar de la reducción de homicidios lograda por la política de seguridad de Bukele, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales señalan que esta medida extrema puede tener consecuencias negativas y cuestionan su efectividad en la prevención del delito.
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