En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene programada su comparecencia este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, tras ser pospuesta el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que los materiales proporcionados por el Gobierno solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso, sin divulgación ni uso en otros procedimientos, limitando el acceso al equipo legal del acusado.
Se pone especial énfasis en la protección de información sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, registros médicos y detalles de investigaciones en curso, bajo estrictas condiciones de confidencialidad y autorización expresa del tribunal para su divulgación.
La orden también establece que, aunque los abogados pueden mostrar evidencia al acusado, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos, resolviendo disputas sobre la confidencialidad de las pruebas inicialmente entre las partes.
Permaneciendo vigente incluso después de la conclusión del caso, la orden no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley, buscando proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas durante el proceso judicial.
El tribunal también ha prohibido la divulgación de datos sensibles como números de teléfono, correos electrónicos, identificaciones, información sobre fuentes confidenciales, identidad de agentes encubiertos, historial médico, métodos de investigación, información que afecte investigaciones en curso, datos policiales internos, declaraciones tributarias, entre otros.
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