El Ministerio Público afirmó este martes que el mayor general del Ejército, junto a los demás militares y policías acusados de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos, no lograron justificar el origen de los bienes que poseen en el juicio de fondo que se le sigue junto a los otros imputados y que casi concluye.
E procurador fiscal Jonathan Fulcar sostuvo que, con las pruebas presentadas ante el tribunal, quedó demostrado el “enriquecimiento irrazonable” de los principales imputados del presunto caso de corrupción.
Fulcar y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, iniciaron y concluyeron este martes la réplica a los alegatos de la defensa durante el juicio.
No procede extinción de la acción penal
Al referirse a la solicitud de la extinción penal por parte de los acusados, Mirna Ortiz dijo que “bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal» porque, insistió, la jurisprudencia ha establecido que el plazo no es un cálculo matemático.
- “La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional dominicano, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, llegado los cuatro años, se extingue el proceso.
Hay una serie de razones y requisitos – continuó -«como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados que influye en la determinación de los plazos”, subrayó Ortiz.
Aseveró que los aplazamientos fueron solicitados casi siempre por los mismos acusados, incluso para licencias médicas de hasta 40 días seguidos por un solo encartado.
Dijo que, incluso, el propio Primer Tribunal Colegiado, compuesto por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes conocen el juicio, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público cuando el general Cáceres Silvestre y compartes presentaron el mismo argumento sobre extinción penal y los jueces lo rechazaron en dos ocasiones.
“Y de esa misma manera también lo ha reconocido, tanto la Corte de Apelación como la Suprema Corte de Justicia, o sea, que bajo ningún concepto y bajo ningún alegato este proceso puede ser declarado extinto”, precisó.
No han disuelto iglesia
En cuanto a la nulidad del proceso penal solicitado por la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, que alegó no estuvo representada en la causa y de que se le ha violado el derecho al culto por incautársele el local, la titular de la Pepca respondió que esa institución desde un principio estuvo representada por el abogado José Ernesto Pérez Morales.
Aclaró, asimismo, que el Ministerio Público no ha disuelto la Iglesia al incautar su local, por lo que esa institución puede reunir a sus feligreses «libremente donde ellos entiendan».
- «Nosotros hemos incautado un bien que, a nuestro juicio y conforme a las pruebas, fue adquirido con dinero producto de actividades delictivas y en tal sentido por la ley de lavado de activos es sujeto a decomiso«, añadió Ortiz.
El local, valorado en 12 millones de pesos, está ubicado en la Ciudad Universitaria.
El tribunal recesó el juicio para el próximo martes 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, día en el que harán uso de ese derecho la defensa de los imputados. Tendrán 15 minutos para responder a los fiscales y en, algunas excepciones, 30 minutos, dispuso la presidenta del tribunal, Giselle Méndez.
Penas solicitadas
La alegada trama de corrupción se habría producido en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Infancia (Conani) desde el 2012 al 2020.
Los principales acusados son el mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, exjefes del Cusep y el Cestur, respectivamente.
También el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola, contra quienes el Ministerio Público pide 20 años de prisión y 400 salarios mínimo de multas, así como el decomiso de sus bienes.
Otros imputados son el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, contra quienes también se solicitó 20 años de cárcel; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, para los que se pidió 15 años de prisión.
El proceso lo enfrentan un total de 29 personas físicas, algunos, como De los Santos Viola, está sometido junto a una hermana, Lucía de los Santos Viola; sus suegros Élida María Trinidad Santiago y Manuel de Jesús Alba y su sobrino Raymel del Rosario Viola, a quienes se les señala de ser testaferros del general y exsujefe del Cusep.
Fuente: www.diariolibre.com
