Los inmuebles que durante años estuvieron vinculados a las redes criminales de José David Figueroa Agosto y César Emilio Peralta, conocido como «César el Abusador», ya tienen nuevos dueños, luego de ser vendidos este miércoles por más de 37.65 millones de pesos durante la primera subasta pública de bienes decomisados organizada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide).
La jornada estuvo marcada por intensas pujas entre empresarios, inversionistas y particulares, que elevaron millones de pesos sobre los precios de salida de varios inmuebles decomisados por el Estado.
Entre las ventas más llamativas estuvo un apartamento vinculado a la estructura del narcotraficante Figueroa Agosto, que pasó de un precio base de 12.9 millones de pesos a una oferta final de 20 millones de pesos, convirtiéndose en una de las adjudicaciones más altas de la jornada.
- Mientras, otra propiedad atribuida al mismo entramado criminal fue vendida por 9.25 millones de pesos.
En la subasta también figuraron bienes relacionados con la red de «César el Abusador», entre ellos un apartamento ubicado en el sector Alma Rosa, municipio Santo Domingo Este, que fue adjudicado por 8.4 millones de pesos.
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La jornada de pujas no se limitó a bienes incautados al narcotráfico. Un inmueble vinculado a un expediente de corrupción administrativa, en el que figuran como principales imputados el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia), generó gran expectativa al iniciar con una oferta de 23.9 millones de pesos y cerrar en 29 millones, tras una serie de pujas sucesivas.
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Ofertas y oferentes
Las ventas forman parte de un proceso de subasta de 143 bienes muebles e inmuebles decomisados en investigaciones de narcotráfico, lavado de activos y corrupción estatal, cuyo valor global ronda los 1,000 millones de pesos.
Durante varias horas, el salón de Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se convirtió en el escenario de rápidas ofertas, paletas levantadas y negociaciones tensas, mientras los participantes competían por adquirir propiedades que durante años estuvieron ligadas a algunas de las redes criminales y esquemas de corrupción más notorios del país.
Con estas adjudicaciones, el Estado busca transformar bienes incautados al crimen organizado en recursos aprovechables y dar salida a propiedades que permanecían bajo custodia judicial tras años de procesos legales.
¿Qué harán con el dinero?
El dinero obtenido por la venta de bienes incautados y decomisados mediante subastas públicas se distribuye conforme a la Ley 60-23, priorizando en primer lugar la compensación de las víctimas de los delitos vinculados a esos activos, explicó Manuel Rafael Oviedo Estrada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
En los casos donde no haya víctimas reconocidas, Oviedo Estrada dijo que el 90 % de los fondos pasa al Estado dominicano, para ser utilizado en programas sociales, salud, educación, construcción de escuelas, carreteras y hospitales. El 10 % restante se destina al funcionamiento operativo del Incabide.
Fuente: www.diariolibre.com
