La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, decidió enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz al considerar que la acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con elementos probatorios suficientes para ser debatidos en una fase de juicio oral y público.
La sentencia establece textualmente:
«Sobre el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, entiende esta juzgadora luego de analizar haber analizado el relato fáctico, las pretensiones probatorias y la calificación jurídica atribuida a su cargo, de la manera en que ya indicamos en el apartado de las solicitudes de exclusión probatorias, contrario lo indicado por sus defensas, observamos que si puede dar lugar a que se configuren los tipos penales indilgados, en consecuencia,se admite la calificación jurídica otorgada por el órgano acusador para ser debatida en la etapa de juicio«.
En su resolución de más de 3,400 páginas, la magistrada enfatizó que la audiencia preliminar no tiene como finalidad determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino verificar si la acusación dispone de pruebas suficientes, obtenidas de manera lícita, que permitan sostener una probable condena en una etapa posterior del proceso.
Ayer concluyó la etapa preliminar de este caso que persigue una estrutura criminal acusada de sustraer más 19,000 millones de pesos en perjurio del Estado dominicano.
La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz dictó autos de no ha lugar a favor de los exministros administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y de otros tres imputados. Sin embargo, el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, señalado por el Ministerio Público como una de las piezas centrales del caso, no fue favorecido con la misma decisión.
Extinción de la acción penal
La jueza rechazó múltiples incidentes planteados por la defensa de Guerrero, entre ellos la solicitud de extinción de la acción penal por alegado vencimiento del plazo máximo del proceso.
La defensa sostuvo que la investigación se había prolongado por más de cinco años y que el Ministerio Público había vulnerado derechos fundamentales al restringir el acceso a la carpeta fiscal durante la fase investigativa.
Sin embargo, Ramírez concluyó que se trata de un caso complejo debido a la cantidad de imputados, víctimas, querellantes, actores civiles y pruebas incorporadas al expediente.
Según la resolución, el Ministerio Público presentó más de 1,700 medios de prueba, incluyendo documentos, peritajes, testimonios y evidencias materiales relacionadas con expropiaciones, deudas administrativas y operaciones financieras que datan de varias décadas.
La magistrada también tomó en consideración que el expediente involucra a 40 imputados y más de 500 víctimas agrupadas en distintas masas sucesorales, además de numerosas incidencias procesales, constituciones en actor civil, reformulaciones de acusaciones y aplazamientos motivados por razones médicas de varias de las partes involucradas.
- A su juicio, estas circunstancias justifican la duración del proceso y descartan una vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Rechaza exclusión de pruebas
Otro de los puntos centrales de la decisión fue el rechazo de las solicitudes de exclusión de pruebas formuladas por la defensa de Guerrero. Los abogados del exfuncionario alegaron que parte de la evidencia había sido manipulada, tergiversada o incorporada sin las debidas garantías de autenticidad e integridad.
También cuestionaron informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y denunciaron supuestas violaciones al derecho de defensa y al principio de contradicción.
La jueza rechazó esos argumentos al concluir que las defensas tuvieron acceso a la documentación incorporada al expediente y contaron con tiempo suficiente para examinarla y preparar sus medios de defensa.
Asimismo, sostuvo que las pruebas fueron notificadas conforme al debido proceso y que los cuestionamientos sobre su valoración deberán ser discutidos en el juicio de fondo.
Asociación de malhechores y presuntas maniobras fraudulentas
En el análisis de la calificación jurídica, la jueza concluyó que los hechos descritos por el Ministerio Público permiten sostener provisionalmente la acusación por asociación de malhechores.
«Por lo antes expuesto, la juzgadora es de criterio que se encuentran presentes aquellos elementos constitutivos del referido tipo penal, estableciéndose la identificación de roles específicos y particulares respectos a los ciudadanos involucrados, motivo por el cual se rechaza la exclusión solicitada y se admite para una etapa posterior», indica la sentencia.
La resolución señala que, de acuerdo con la acusación, Guerrero habría formado parte de una presunta estructura que utilizó instituciones estatales para ejecutar maniobras destinadas a obtener recursos públicos mediante pagos irregulares, expropiaciones, cesiones de crédito y otros mecanismos que habrían beneficiado a particulares y servido para financiar actividades políticas.
La magistrada sostuvo que la acusación describe roles específicos para los distintos imputados y que esos señalamientos permiten mantener la imputación de asociación de malhechores para ser debatida en juicio.
Asimismo, rechazó excluir imputaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción, concusión, prevaricación y otras infracciones atribuidas por el Ministerio Público.
Fuente: www.diariolibre.com
