Representantes de víctimas del colapso del Jet Set dijeron estar «indignados» con la decisión del juez de instrucción que mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario en la acusación de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat y adelantaron que seguirán «luchando» para que se modifique esa tipificación».
Luis Custodio, del Movimiento justicia Jet Set, dijo rechazar las valoraciones del magistrado Reymundo Mejía, las cuales, considera, privilegian a los propietarios del emblemático establecimiento, en el que fallecieron 236 personas y más de un centenar resultaron heridas.
Sostuvo que están «indignados» y que seguirán «luchando» porque, asevera, el Estado les ha dado la espalda.
«El juez nos hizo a nosotros una exposición de que humanamente no es posible (cambiar calificación), aquí no estamos en humanidad, aquí estamos en justicia«, dijo Custodio.
De su lado, el abogado Jeancarlos Martínez Segura, representante de ocho víctimas, dijo que en la mayoría de los puntos, el juez dio ganancias de causas a los afectados, pero que se excedió en sus funciones.
Indicó que el juez del Primer Juzgado de Instrucción hizo una gran exposición, pero la valoración que hizo en sus argumentos para rechazar el homicidio voluntario no le correspondía dentro de sus funciones como juez de instrucción.
Martínez Segura adelantó también que mantendrán su solicitud en la siguiente etapa del juicio de fondo a los dueños del Jet Set.
Juez mantiene inmovilización y secuestros de bienes
Manteniendo la calificación jurídica de homicidio involuntario del trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set, el juez Reymundo Mejía dictó la apertura a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios del icónico establecimiento.
El magistrado también rechazó imponer prisión preventiva contra los imputados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Asimismo, mantuvo las órdenes de inmovilización y secuestros previamente dictadas sobre los bienes de los imputados.
Acogió igualmente la solicitud de medidas conservatorios e impuso embargos conservatorios y retentivos, inscripción de hipotecas y judicial sobre los bienes inmuebles, activos y valores por la suma de 500 millones de pesos, «equivalente al duplo de la suma principal».
El juez del Primer Juzgado de Instrucción admitió también a los terceros civilmente demandados, Inversiones E y L, S. R. L.; Difusora Hemisferio, S. R. L.; Radio Cadena Comercial, S. R. L; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
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