Insignias y esposas de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), con el fondo de la bandera de Estados Unidos de cerca. Crédito: Mehaniq / Shutterstock.
Las muertes de migrantes durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han generado llamados a investigar las circunstancias de los fallecimientos y garantizar que los procedimientos migratorios respeten la dignidad y los derechos humanos.
Uno de los casos más recientes es el del mexicano Prisciliano Trejo Ricano, de 29 años, quien murió por complicaciones de salud el 24 de julio después de permanecer bajo custodia migratoria en Georgia (Estados Unidos).
Su caso se suma a otros fallecimientos registrados durante operativos de ICE. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Donald Trump, 52 personas murieron bajo custodia de ICE.
El informe señaló “las malas condiciones de detención y la falta de atención médica adecuada” entre los posibles factores relacionados con estos fallecimientos.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que 17 mexicanos han muerto desde mayo de 2025 en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia migratoria y tres durante operativos.
Piden revisar los procesos que usa el ICE
Desde la frontera con Estados Unidos, el P. Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, considera necesario revisar los métodos utilizados durante los operativos migratorios.
En entrevista con ACI Prensa, el sacerdote señaló que, a partir de la información proporcionada por migrantes con los que han tenido contacto y de reportes públicos, ha conocido casos en los que se aplica “un uso de la fuerza excesivo, que no tuviera que ser necesario”, especialmente en detenciones.
Reconoció que los países tienen derecho a establecer límites y regular sus fronteras, pero cuando se comienza a “afectar la vida de otras personas, entonces tenemos que saber y entender si son los métodos necesarios”.
Por ello, el P. Bueno Guillén hizo un llamado al Gobierno mexicano a “vigilar que se esté tratando con dignidad a todas las personas que están siendo repatriadas”, y pidió a las autoridades estadounidenses que “revisen que las maneras en las cuales están llevando a cabo los operativos dignifiquen a la persona y no resten valor a sus derechos”.
Después de más de una década dedicada a atender el fenómeno de la movilidad humana, el sacerdote consideró necesario que la situación de los migrantes también representa un desafío para los católicos, quienes están llamados a “no ser ajenos a esa realidad”.
Explicó que muchos de los migrantes sólo “están buscando sobrevivir. Muchos de ellos están buscando vida que no tenían y que no tienen en su lugar de origen”, por lo que instó a “empatizar con su realidad y abrirnos siempre a la caridad cristiana”.
México y la Iglesia piden esclarecer los casos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló en conferencia de prensa el 16 de julio que el Gobierno mexicano ha emprendido acciones legales para solicitar que las circunstancias de los fallecimientos sean investigadas.
“Si hay una persona que, por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, indicó la mandataria.
Por su parte, los obispos estadounidenses Mons. Daniel E. García, presidente del Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), y Mons. Brendan J. Cahill, presidente del Comité de Migración, emitieron una reflexión pastoral a raíz de los “varios incidentes recientes de control migratorio que resultaron en la pérdida de vidas”.
En ella, advirtieron que “los actos que menoscaban o ignoran la dignidad de cualquier persona o grupo de personas jamás deben normalizarse en nuestra sociedad”. “La deshumanización de los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, es un ejemplo de ello; la difamación de los agentes del orden es otro”, señalaron.
Los obispos recordaron que las autoridades deben “aplicar la ley de manera humana y con respeto a los derechos humanos fundamentales”, ejerciendo el poder estatal “siempre dentro de los límites de la ley moral”.
Fuente: www.aciprensa.com
