Cuba ha colocado sobre la mesa uno de sus programas de reformas económicas más amplios de los últimos años: 176 medidas destinadas a liberalizar y descentralizar parcialmente una economía asfixiada por la falta de divisas, combustible, inversión y producción. El Gobierno apuesta ahora con mayor claridad por el sector privado, aunque sin renunciar al control político y económico que durante décadas ha ejercido el Estado.
Las reformas permitirán que las empresas privadas superen el actual límite de 100 trabajadores, que una persona pueda ser propietaria de más de una compañía y que se creen pequeñas y medianas empresas privadas en la agricultura, destacó este martes la agencia EFE. También refirió que se abren espacios hasta ahora reservados al Estado, como la banca privada, la gestión hotelera, el alquiler de vehículos, el transporte de pasajeros y determinados servicios turísticos.
El cambio no es menor para una economía organizada durante más de seis décadas alrededor del predominio estatal. Para el economista cubano Daniel Torralbas, “la cualidad diferente que tienen las reformas de 2026 es que parecen poner al sector privado de Cuba como el factor para pivotar la crisis”.
La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el propio Gobierno cubano.
El presidente Miguel Díaz-Canel insiste en que la apertura no significa abandonar el modelo socialista. Ha definido las reformas como “una prioridad estratégica para la nación”, pero sostiene que su objetivo es “avanzar en la construcción socialista”, una formulación que refleja la contradicción fundamental del proceso: La Habana necesita liberar fuerzas productivas privadas mientras intenta preservar el predominio económico del Estado.
Reformar sin cambiar el modelo
Los expertos advierten precisamente sobre esa indefinición. No están claros el peso que finalmente tendrá la empresa privada, cuáles actividades permanecerán bajo control estatal ni qué modelo productivo pretende construir Cuba.
La economista Ileana Díaz, profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, considera que las medidas suponen un cambio, pero “no un giro radical”. Su advertencia apunta al centro del problema: aprobar reformas no garantiza resultados si las regulaciones, la burocracia y las decisiones políticas terminan restringiendo su aplicación.
La experiencia cubana ofrece antecedentes de aperturas económicas seguidas por períodos de mayor control. Ahora, sin embargo, el margen parece mucho menor. La crisis energética, los apagones, la caída de sectores tradicionales, las dificultades del turismo y la escasez de divisas obligan al Gobierno a buscar nuevas fuentes de producción y actividad económica.
El muro de Estados Unidos
Pero incluso una apertura interna más profunda enfrenta una barrera externa formidable: Estados Unidos.
La administración de Donald Trump, con Marco Rubio como una de las figuras determinantes de su política hacia Cuba, ha endurecido las sanciones y la presión económica sobre La Habana. Las restricciones financieras, petroleras y comerciales dificultan las operaciones internacionales y aumentan el riesgo para inversionistas y empresas extranjeras interesadas en hacer negocios en la isla.
La contradicción es evidente. Cuba necesita capital, combustible, tecnología y mercados para que sus reformas produzcan resultados, precisamente en momentos en que Washington intenta limitar su acceso a esos recursos.
Torralbas resume la dimensión del problema con una comparación: las empresas privadas cubanas han podido adquirir combustible en el mercado estadounidense, pero en seis meses las compras apenas alcanzaron 100 millones de dólares, mientras Cuba necesita alrededor de 1,800 millones de dólares anuales en importaciones de combustibles.
Las 176 reformas pueden representar, por tanto, un reconocimiento de que el Estado cubano ya no puede sostener por sí solo la economía. Pero su éxito dependerá de dos variables sobre las que todavía existen enormes interrogantes: hasta dónde las actuales autoridades están dispuestas a ceder espacio económico real al sector privado y cuánto puede crecer ese sector mientras Washington mantiene levantado un muro de sanciones alrededor de la isla.
Otro familiar de los Castro acusado
Este martes, The New York Times reveló que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto del expresidente cubano, Raúl Castro, y uno de los interlocutores de Washington en el diálogo con La Habana fue señalado por presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas.
El influyente diario estadounidense puntualizó que documentos judiciales revisados por el medio, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar su influencia en los círculos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando a gran escala que sacaba personas de Cuba y, a la vez, introducía mercancías ilícitas en el país.
Fuente: www.diariolibre.com
