“La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”, afirmaron los obispos de México al cuestionar diversos aspectos del proyecto gubernamental para regular los derechos de las audiencias de radio y televisión.
En un mensaje publicado el 13 de agosto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que la propuesta podría condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de “verdad” y afectar también la libertad religiosa y la independencia editorial de los medios.
La consulta pública, abierta del 27 de julio al 21 de agosto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aborda una regulación que, según los obispos, “tocará la vida cotidiana de millones de mexicanos: lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión y los espacios donde la información, la cultura, la fe, la opinión y la crítica constructiva encuentran voz”.
La CEM reconoció aspectos positivos del proyecto, como la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos y la protección de los grupos vulnerables frente a la manipulación, la publicidad engañosa y los contenidos que degradan la dignidad humana.
“Que estos derechos cuenten con mecanismos claros para hacerse valer es un bien para todos”, destacó.
Sin embargo, advirtió que, aunque el propósito de proteger los derechos de las audiencias es legítimo, también importa la manera en que se intenta alcanzarlo.
El pronunciamiento de la CEM se suma a otros realizados desde la Iglesia Católica en México. El 1 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México aseguró que “no puede existir censura previa” y que ninguna autoridad administrativa debe determinar la veracidad o aceptabilidad de las opiniones.
Una semana después, un editorial de Semanario, medio de la Arquidiócesis de Guadalajara, cuestionó quién tendría “la autoridad para decidir cuándo una información es verdadera, falsa o presentada fuera de contexto”, y resaltó la importancia del equilibrio entre la regulación estatal y la independencia de los medios.
Ninguna autoridad puede ser “calificadora de la verdad”
Los obispos subrayaron que “la libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático” y señalaron que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.
La CEM distinguió entre la veracidad exigible a la información periodística y las convicciones personales, que no pueden ser sometidas a una verificación administrativa.
“La veracidad que legítimamente se exige a la información periodística es un deber de diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error”, explicó.
Algo distinto, precisó, es “la verdad de las convicciones, que no admite verificación administrativa ni sanción, y cuya calificación por el Estado sería, en sí misma, incompatible con la libertad de conciencia y la libertad de expresión”.
El episcopado expresó especial preocupación por la posibilidad de que una autoridad califique y eventualmente sancione la difusión de información considerada “falsa” o “descontextualizada”, debido a que el proyecto no define con claridad los límites de esos conceptos.
A juicio de los obispos, ese mecanismo podría “condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de veracidad”, algo “incompatible” con la Constitución mexicana, los tratados internacionales y “diversos precedentes judiciales”.
Libertad religiosa e independencia editorial
La CEM recordó que “las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión” en México. Por ello, pidió que el pluralismo contemplado por los lineamientos “incluya también el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas”.
Esta protección, añadió, debe beneficiar a todas las confesiones y a quienes no profesan ninguna religión, para evitar que sean sometidos “a juicios administrativos de veracidad” o a “etiquetas obligatorias”.
Los obispos expresaron además reservas sobre las facultades que el proyecto concedería a la autoridad “para revisar y validar los Códigos de Ética de los medios”, revisar las decisiones de los defensores de las audiencias y ordenar la rectificación o modificación de contenidos.
“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, sostuvieron.
Alientan a participar en la consulta
La CEM consideró “esencial” que la ciudadanía participe en la consulta antes del 21 de agosto.
“La participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”, afirmó.
Los obispos también expresaron su “disposición al diálogo franco y constructivo” con las autoridades y los concesionarios, y ofrecieron su red educativa y pastoral “para colaborar en programas de educación y alfabetización mediática, en la formación de audiencias críticas y en la difusión de los mecanismos de defensa de sus derechos”.
Asimismo, recordaron que ninguna norma sustituirá la responsabilidad de discernir la información, verificarla antes de compartirla y evitar la difusión de contenidos que dañen a otras personas o generen confusión.
“La primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada”, subrayaron.
Fuente: www.aciprensa.com
