El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el pasado mes de julio una acción de amparo interpuesta por Alexander Montilla Sierra, quien pretendía suspender un procedimiento de embargo inmobiliario sobre dos de sus propiedades por una deuda de 20 millones de pesos.
Montilla Sierra alegaba que el bloqueo generalizado de sus activos financieros, ordenado por el Ministerio Público en una investigación penal en el 2020, le causó una insolvencia que le impidió tanto honrar su obligación de pago como ejercer adecuadamente su defensa en la jurisdicción civil.
Argumentó que, aunque el Ministerio Público solicitó el “levantamiento parcial de las oposiciones registradas” tras alcanzar un acuerdo de colaboración con el principal investigado, Maxy Gerardo Montilla Sierra (hermano del recurrente), y con los “terceros vinculados a su actividad delictiva”, el retiro de las oposiciones no recibió publicidad oportuna ante el Registrador de Títulos.
El recurso de amparo buscaba anular también una sentencia de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que igualmente lo rechazó por carecer de objeto al ponderar ese tribunal de primera instancia que el Ministerio Público ya había levantado las oposiciones.
La sentencia TC/0784/26 anuló la de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial, como solicitara Alexander Montilla Sierra por entender que ese tribunal actuó “erróneamente al declarar la acción carente de objeto”, pero rechazó intervenir y sustituir a la “jurisdicción competente en la conducción y decisión de un proceso judicial en curso”.
Alexander Montilla alegó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incurrió en una “omisión” y en el “levantamiento tardío” de la nota preventiva sobre los dos inmuebles perseguidos y sus cuentas bancarias.
Según sostuvo, esa actuación lo colocó en estado de indefensión, impidiéndole aprovechar los plazos legales para presentar incidentes y evitar los embargos a un apartamento de 142 metros cuadrados y una «Unidad funcional A-5», de 266 metros cuadrados.
- Sobre ese aspecto, el TC concluye que “resulta ostensiblemente improcedente la pretensión de obtener la publicidad inmediata de las oposiciones administrativas ante el registrador de títulos. Esto así, porque el propio recurrente reconoce que el levantamiento parcial de las medidas fue ordenado por el juzgado de la instrucción y que la PEPCA ha gestionado su ejecución ante la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”.
Acuerdo de su hermano con el MP
En septiembre del año pasado, el Ministerio Público dio a conocer el acuerdo al que arribó con Maxy Montilla Sierra, quien hasta el momento ha restituido al Estado la mayor cantidad de dinero que se haya logrado en un criterio de oportunidad a fin de que no se le persiga penalmente.
Devolvió al erario 3 mil millones de pesos en bienes y en efectivo.
El criterio de oportunidad del cuñado del expresidente Danilo Medina, compromete al acusado a «testificar» contra los demás implicados en una presunta estafa a las EDE, y que incluye alegadamente a importantes exfuncionarios peledeístas.
A Maxy se le menciona en la querella que se presentó en el 2021 sobre la estafa al Estado a través de las EDE (Edenorte, Edesur y Edeeste), de más de veinte mil millones de pesos y que, según declaró recientemente Wilson Camacho, continúan investigando.
En la querella se cita también a Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos exadministradores generales de Edesur) y a Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte).
La negociación con Maxy incluye la disolución, en un plazo de dos años, de las compañías Transformadores Solomon Dominicana; Electrocable Aluconsa NS, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globale, Watmax Lighting.
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