La bandera de El Salvador en el mapa de Centroamérica. | Crédito: hyotographics/Shutterstock
Cientos de líderes y organizaciones religiosas enviaron una carta al gobierno de Donald Trump instándolo a revisar y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador antes de que expire el 9 de septiembre.
La carta, enviada al presidente Trump; al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; y al secretario de Estado, Marco Rubio, solicita una extensión porque las condiciones en El Salvador siguen siendo “inseguras” y la expulsión de quienes viven en Estados Unidos sería “perjudicial” para las comunidades.
“Creemos que enviar a cientos de miles de salvadoreños con TPS de regreso a un país inestable y desconocido que no tiene la capacidad de mantener a sus propios ciudadanos representa un peligro para estas personas y una decisión que tendría graves consecuencias negativas en los años venideros”, señala la carta.
“Una revisión exhaustiva de la situación actual en El Salvador, la consideración de sus contribuciones a Estados Unidos como beneficiarios del TPS y la obligación del gobierno de respetar el marco legal que rige el TPS, respaldan la extensión de la designación de El Salvador como beneficiario del TPS”, añade la carta.
En el documento, las 97 organizaciones religiosas y los 174 líderes religiosos “comparten el propósito de respetar la vida humana, defender la dignidad inherente de cada persona, mantener la unidad familiar y proteger a quienes no pueden regresar de forma segura a su país de origen debido a conflictos, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias”.
La carta está firmada por numerosos líderes e instituciones católicas, entre ellos el Arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski; el Arzobispo de Atlanta, Mons. Gregory Hartmayer; y el Obispo de Savannah, Mons. Stephen Parkes, así como por miembros de diversas órdenes religiosas.
La carta detalla que aproximadamente el 20 % de los beneficiarios del TPS de El Salvador ingresaron a Estados Unidos cuando tenían 16 años o menos y “posteriormente alcanzaron la mayoría de edad; algunos se casaron y tuvieron hijos nacidos en Estados Unidos”.
“Son nuestros vecinos, nuestros amigos y seres queridos, y esta administración debería verlos como tales y valorar su contribución a la nación”, expresa la carta. Añade que la cancelación del TPS les causaría “trauma y dificultades” si se separaran de sus familias.
Líderes califican las condiciones de “perjudiciales”, pero gobierno de EE.UU. alega un bajo riesgo
“Las condiciones actuales en El Salvador siguen siendo perjudiciales para los beneficiarios del TPS que se enfrentan a un posible regreso a su país”, afirman los líderes.
El Salvador permanece en estado de emergencia desde marzo de 2022. La declaración se produjo “en respuesta a sus esfuerzos por controlar el crimen organizado, suspendiendo las protecciones básicas de los derechos humanos”, indica la carta.
Mientras la carta señala que regresar al país es inseguro debido al encarcelamiento masivo, las desapariciones forzadas y las peligrosas condiciones ambientales, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a El Salvador en el Nivel 1 de advertencia (“tome las precauciones habituales”) a partir de junio de 2026.
Esta designación representa el nivel más bajo de riesgo para la seguridad en el sistema de advertencias de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aunque el país fue en su momento uno de los más violentos, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2025 indicó que los datos de las autoridades policiales salvadoreñas revelaron una reducción significativa de los homicidios en el país desde 2015.
Según funcionarios de seguridad salvadoreños, entre 2015 y 2024 la tasa de homicidios disminuyó en más del 98 %. El gobierno salvadoreño afirmó que su ofensiva contra la actividad de las pandillas redujo la tasa de homicidios a 1,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024, frente a los 53,1 por cada 100.000 habitantes en 2018.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló que en los últimos años “se ha producido una reducción significativa de la actividad relacionada con pandillas”, pero que aún persiste la delincuencia violenta en todo el país.
Un Informe Mundial de Human Rights Watch de 2026 concluyó que el estado de emergencia “sigue vigente, suspendiendo los derechos constitucionales”.
“Las autoridades han cometido abusos generalizados, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos a los detenidos, y violaciones del debido proceso”, indicó el informe.
Si bien las violaciones persisten, el informe también señaló que la violencia de pandillas ha “disminuido notablemente”.
“El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal”, según el Departamento de Seguridad Nacional. Añade que “durante demasiado tiempo, se le ha permitido funcionar como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”.
Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Fuente: www.aciprensa.com
