Detenidos permanecen junto a una ventana dentro del centro federal de inmigración en Delaney Hall, donde el ICE alberga a inmigrantes detenidos, el 26 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. Crédito: Adam Gray/Getty Images
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que se pronuncie a favor de mayores garantías de debido proceso para los no ciudadanos que enfrentan procesos de deportación y en contra de la detención indefinida sin revisión judicial.
En un escrito presentado ante la Corte Suprema, la USCCB y la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC) argumentaron que fortalecer las protecciones del debido proceso ayudaría a defender la dignidad humana de los no ciudadanos y proteger el bien común, en consonancia con la enseñanza de la Iglesia Católica.
Los obispos presentaron su petición en el marco del caso Genalo v. Keisy G.M., en el que un residente permanente de Estados Unidos, originario de República Dominicana, sostiene que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó su derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Keisy G.M., cuyo nombre completo no ha sido revelado públicamente, permaneció detenido durante 21 meses. Aunque compareció ante un juez, nunca recibió una audiencia de fianza para determinar si podía ser liberado mientras continuaba su proceso migratorio.
A pesar de contar con residencia permanente en Estados Unidos, enfrentó un procedimiento de deportación después de ser condenado por agresión grave. Posteriormente recibió un indulto del Estado de Nueva York, lo que puso fin a la amenaza de deportación.
Dignidad de la persona humana
En su escrito legal, los obispos señalaron que las garantías del debido proceso son coherentes con la ley estadounidense, la tradición jurídica del país y la enseñanza social de la Iglesia.
“La detención ejecutiva nunca ha estado completamente aislada del control judicial”, afirmaron, añadiendo que esto “concuerda con la doctrina social católica, que reconoce tanto la legítima autoridad del Estado como la dignidad del individuo”.
La USCCB advirtió que “el confinamiento indefinido sin una revisión individualizada por parte de un tribunal neutral es contrario a nuestro sistema constitucional y a la libertad ordenada que este protege”. Según los obispos, abandonar este principio tendría consecuencias graves para las personas afectadas.
“Una detención prolongada puede costar a las personas sus empleos, hogares, salud y la capacidad de participar de manera significativa en sus propios procedimientos legales. Puede separar a los padres de sus hijos, desestabilizar familias enteras y causar daños que no pueden repararse con una eventual liberación”, señalaron.
Aunque reconocieron que en algunos casos la detención puede ser necesaria para proteger intereses legítimos del Estado, como la seguridad pública, insistieron en que estas medidas deben estar justificadas ante un tribunal neutral y no aplicarse de manera automática.
En su argumentación, los obispos citaron la encíclica Pacem in Terris, publicada en 1963 por el Papa Juan XXIII, que enseña que “el bien común se salvaguarda mejor cuando se garantizan los derechos y deberes personales”.
A partir de este documento, explicaron que las autoridades tienen el deber de garantizar que los derechos de cada persona sean “reconocidos, respetados, coordinados, defendidos y promovidos”, permitiendo además que cada individuo pueda cumplir sus deberes con mayor facilidad. Según la encíclica, “salvaguardar los derechos inviolables de la persona humana” y “facilitar el cumplimiento de sus deberes” constituye “el deber principal de toda autoridad pública”.
Los obispos también citaron al arzobispo Paul Gallagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, quien durante el debate general de apertura de la semana de alto nivel de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó que deben respetarse siempre “los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad, aplicación equitativa de la ley, separación de poderes, seguridad jurídica, debido proceso, prevención de la arbitrariedad, así como la transparencia tanto en los procedimientos como en los asuntos legales”.
La USCCB señaló que estos principios se concretan mediante procedimientos que obligan al Gobierno a justificar las privaciones importantes de libertad basándose en las circunstancias individuales de cada persona y no en presunciones generales.
Los argumentos orales del caso están programados para el 13 de octubre. Keisy G.M. está representado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles.
Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Fuente: www.aciprensa.com
