La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuyó a una estructura integrada por empleados y exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares la ejecución de 4,363 autorizaciones fraudulentas por un monto de 41,125,551.02 pesos.
La acusación aparece en la solicitud de medida de coerción del caso Cobra 2.0, depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados y la declaratoria de complejidad del proceso.
Las operaciones investigadas abarcan desde el 28 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2025. Senasa denunció las irregularidades el 28 de noviembre de 2024, luego de detectar autorizaciones para consultas, cirugías menores y otros procedimientos ambulatorios que no eran reconocidos por los afiliados.
Estructura de corrupción
La Pepca presenta como principal articulador del entramado a Ángel Luís Guzmán Vásquez, quien trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Según el expediente, utilizó sus conocimientos sobre los protocolos internos para obtener información de afiliados y gestionar autorizaciones falsas.
Guzmán Vásquez no figura entre las personas incluidas en esta solicitud porque ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Fue arrestado el 24 de abril de 2026 cuando, pese a conocer que era investigado, presuntamente intentaba abandonar el país.
Los 25 imputados en esta fase
- Angeury Guzmán Vásquez
- Heidy Coronado Paulino
- Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
- Lucreisy Polanco Núñez
- Einstein Rafael Borromé Valdez
- Juan Henry Poueriet
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
- Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
- Edwin Alberto Batista Cruz
- José Luís Díaz Hernández
- Carlos Job Ynoa Olivero
- Guillermo Enrique Dicló Garabito
- Griselda Altagracia Basora Ramírez
- Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
- Martha María Saldaña Saldaña
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
- Engels Federico Díaz Mendoza
- Keila Beatriz Acosta Leonardo
- Rafael Mauricio Cabral González
- Laura Altagracia Santana Evangelista
- Víctor Felipe Rodríguez García
- Wander Manuel Díaz Encarnación
- Yocaira Antonia Méndez Beltré
- Marcelino Eusebio Figuereo
- Ray Ernesto Mercedes Lugo
Mecanismo de fraude
De acuerdo con la Pepca, los operadores accedían a datos personales y sensibles de afiliados, principalmente personas con poco historial de utilización del seguro.
Después llamaban al centro de atención de Senasa y solicitaban autorizaciones utilizando nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, pero suministraban códigos auténticos de médicos vinculados al grupo.
Con las autorizaciones aprobadas, se elaboraban formularios con diagnósticos, consultas y procedimientos inexistentes. Las firmas de los afiliados eran falsificadas y los médicos colocaban sus firmas, sellos y códigos de prestadores para otorgar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
Las auditorías identificaron consultas ginecológicas facturadas a nombre de hombres, expedientes sin historias clínicas ni descripciones quirúrgicas y formularios con tachaduras, enmendaduras, teléfonos incorrectos y otras irregularidades.
Los afiliados entrevistados negaron haber solicitado o recibido los servicios, desconocieron a los médicos y afirmaron que nunca acudieron a los centros donde supuestamente fueron atendidos.
Algunos demostraron que estaban trabajando, fuera de la ciudad o del país en las fechas registradas. Peritajes caligráficos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses habrían confirmado la falsificación de firmas.
Consecuencias legales
Después de recibir los pagos de Senasa, los médicos presuntamente entregaban entre un 40 % y un 60 % de lo cobrado a los operadores. Las transferencias aparecían sin concepto o con descripciones como “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”, “pago a san de madre” y “San de tu madre”.
- La acusación provisional incluye corrupción, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación y uso de documentos falsos, infracciones a la Ley de Seguridad Social, acceso ilícito, robo de identidad y lavado de activos.
La Pepca sostiene que la investigación continúa y podría incorporar otros empleados, médicos y particulares. Las imputaciones deberán ser conocidas y debatidas ante los tribunales.
Fuente: www.diariolibre.com
