Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda en España, murió este miércoles después de permanecer quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas. Su fallecimiento ocurre cuando el acceso a la vivienda se ha instalado en el centro de la campaña para las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.
La anciana fue desalojada el 23 de septiembre del piso del distrito madrileño de Retiro en el que había vivido durante 71 años. Aquel día abandonó la vivienda recostada en una camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, mientras centenares de personas protestaban en el exterior. Era el cuarto intento de ejecutar su desahucio después de unos ocho años de conflicto con la propiedad.
Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras la empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión, reclamaba un alquiler de 2,650 euros. Incluso una escritora que pidió permanecer en el anonimato se había ofrecido a cubrir la diferencia entre ambas cantidades para evitar su salida, según informó EFE. La negociación no impidió finalmente el lanzamiento.
El Sindicato de Inquilinas anunció este miércoles su muerte y recordó que posteriormente se había conseguido un acuerdo que habría permitido a Maricarmen regresar a la vivienda. “Esta solución ha llegado demasiado tarde”, sostuvo la organización, que calificó el proceso vivido por la anciana de “torturante”. No se ha informado oficialmente de la causa de su fallecimiento.
De un desahucio a una protesta nacional
- Las imágenes de Maricarmen saliendo de su casa en camilla dieron una dimensión nacional a un problema que ya venía provocando movilizaciones en las principales ciudades españolas: el encarecimiento del alquiler y las dificultades para acceder a una vivienda.
Su caso fortaleció las protestas que posteriormente desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, donde personas desalojadas y organizaciones sociales reclamaron al Gobierno medidas contra los desahucios, los elevados alquileres y la especulación inmobiliaria. La movilización continúa y las organizaciones de inquilinos impulsan además una huelga general por la vivienda.
El caso de Maricarmen adquirió así una dimensión que trascendió su disputa particular con la propiedad. El debate llegó al Congreso y aceleró la respuesta del Gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Sumar.
El Ejecutivo aprobó inicialmente dos reales decretos ley destinados a reforzar la protección de los inquilinos, ampliar las medidas frente a los desahucios y contener algunos de los efectos de la escalada de los precios. Sin embargo, el Congreso rechazó ambos textos el 2 de octubre, con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts.
De la vivienda a las elecciones
La derrota parlamentaria tuvo consecuencias que fueron más allá de la política habitacional. El Gobierno perdió una votación que había presentado como respuesta urgente a la presión social y quedó nuevamente expuesta la fragilidad de la mayoría que permitió a Pedro Sánchez ser investido en 2023.
Tres días después, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales. El Real Decreto 806/2026, publicado el martes 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), disolvió formalmente el Congreso y el Senado y convocó los comicios para el domingo 29 de noviembre de 2026. Las elecciones ordinarias no correspondían hasta 2027, por lo que la legislatura quedará recortada aproximadamente un año.
El desahucio de Maricarmen no fue por sí solo la causa jurídica o política de la convocatoria electoral. La secuencia fue más amplia: su caso intensificó las protestas por la vivienda; el Gobierno respondió con dos decretos; el Congreso los rechazó y esa derrota confirmó la dificultad del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria estable. Sánchez decidió entonces disolver las Cortes y devolver la decisión a las urnas.
El Gobierno vuelve con 21 medidas
La convocatoria electoral no ha cerrado, sin embargo, la batalla por los decretos. Un día después de anunciar los comicios, el Consejo de Ministros volvió a aprobar dos reales decretos ley con 21 medidas de vivienda, que mantienen buena parte del contenido de los textos rechazados e incorporan nuevas disposiciones. Debido a la disolución de las Cortes, deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.
El paquete se estructura en cuatro grandes objetivos: facilitar el alquiler y la compra de viviendas, incrementar la oferta disponible, ofrecer mayor estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios y combatir la especulación inmobiliaria.
Entre las medidas figura una línea de financiación de 10,000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá conceder préstamos de hasta 50,000 euros sin intereses para facilitar la adquisición de la primera vivienda. El Gobierno también plantea deducciones fiscales para inquilinos e incentivos para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles.
Para aumentar la oferta se contemplan 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores de vivienda social. La empresa pública Casa 47 adquirirá además inmuebles procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a colectivos con dificultades de acceso a una vivienda.
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Protección frente a los desahucios
Los nuevos textos recuperan igualmente la protección de personas vulnerables que afrontan un desahucio sin disponer de alternativa habitacional y establecen garantías para evitar que el coste de esa protección recaiga exclusivamente sobre los pequeños propietarios.
También contemplan prórrogas de contratos de alquiler, reglas para limitar determinados incrementos de las rentas y medidas específicas contra los alquileres temporales y por habitaciones utilizados para eludir la regulación del mercado residencial. El Ejecutivo plantea asimismo restricciones a las operaciones especulativas de fondos de inversión y cambios fiscales para las sociedades inmobiliarias y las viviendas turísticas.
Una de las normas prevé además la prórroga automática de determinados contratos de alquiler cuando lleguen a su vencimiento, aunque Sánchez reconoció que actualmente no dispone de mayoría suficiente para garantizar su convalidación en la Diputación Permanente.
La muerte de Maricarmen se conoce precisamente mientras otros afectados por desahucios permanecen acampados en la Puerta del Sol reclamando soluciones. Su caso, iniciado como una disputa por permanecer en el piso donde había pasado prácticamente toda su vida, terminó coincidiendo con una cadena de acontecimientos que llevó la vivienda desde las calles de Madrid hasta el Congreso y, finalmente, al centro de unas elecciones generales anticipadas.
Fuente: Mundo
