El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, que establece un reglamento para coordinar las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de las instituciones públicas, con el objetivo de reducir duplicidades, optimizar el gasto tecnológico y fortalecer la seguridad de los datos del Estado.
La disposición designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como autoridad responsable de coordinar la identificación, evaluación, priorización, seguimiento y control técnico de las inversiones digitales estratégicas de la Administración Pública.
El reglamento abarca la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes, con la finalidad de que las instituciones desarrollen infraestructuras interoperables, sostenibles y alineadas con las políticas nacionales de transformación digital.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la medida busca poner fin a la fragmentación del gasto y a las inversiones tecnológicas aisladas entre las instituciones estatales.
«A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos», expresó.
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Medidas anunciadas
Entre las principales disposiciones figura la obligación de que las entidades del Poder Ejecutivo cuenten con un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
La normativa también faculta al ministerio para coordinar licitaciones conjuntas entre varios ministerios y direcciones públicas, con el propósito de aprovechar las compras a escala y racionalizar el uso de los recursos del Estado.
Para articular estas acciones, el decreto crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
El artículo 6 declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano.
La declaratoria comprende las inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que, por su alcance, criticidad, impacto presupuestario o vinculación con servicios públicos esenciales, requieran evaluación técnica previa, coordinación entre instituciones o gestión conjunta.
Establece, además, que las soluciones tecnológicas deben garantizar la portabilidad, la interoperabilidad y la reversibilidad técnica.
También prohíbe las cláusulas contractuales o los diseños tecnológicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos.
En materia de inteligencia artificial, las contrataciones que incorporen algoritmos o sistemas de automatización avanzada deberán cumplir criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia, con el propósito de proteger los derechos fundamentales.
La disposición aclara que la declaratoria de interés estratégico nacional no libera a las entidades públicas de cumplir las normas sobre contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública y responsabilidad fiscal.
Fuente: Política
