Informalidad habitacional y viviendas sin licencia en RD

Más de la mitad de las viviendas que se construyen cada año en República Dominicana se levantan sin licencia de construcción. Esta realidad representa una expresión de la informalidad habitacional que caracteriza el crecimiento urbano del país.

Así lo expuso Joan Guerrero, director de Políticas de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa para evaluar los avances y desafíos de las políticas de vivienda y hábitat en los últimos cinco años.

Guerrero explicó que el desarrollo urbano dominicano lo marca la coexistencia de dos realidades. Por un lado, una ciudad formal, vertical y concentrada, y otra informal, horizontal y autoproductiva, que se expande sin una trama vial continua.

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Déficit habitacional

Entre 2018 y 2024, el déficit habitacional se redujo unos nueve puntos porcentuales, equivalente a unas 134,000 viviendas. Sin embargo, persisten importantes carencias cualitativas. Según expuso, el 97 % de las edificaciones que presentan este tipo de déficit no dispone de agua adecuada y el 19 % carece de saneamiento apropiado.

El funcionario señaló que la dificultad para acceder a suelo urbano asequible también empuja a las familias hacia el mercado informal. A esta situación se suman las limitaciones económicas y laborales.

El 57 % de los hogares de ingresos medios no puede costear la cuota de la vivienda formal más barata, mientras que el 54 % de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, lo que dificulta su acceso a créditos hipotecarios formales.

Impacto económico

Guerrero advirtió que la falta de planificación previa y la intervención tardía del Estado en las comunidades tienen un impacto económico considerable.

“Cuando el Estado llega tarde a una comunidad, su costo de intervención se triplica”, expresó el funcionario.

Como ejemplo, citó un proyecto de intervención de unas 1,900 viviendas en un barrio populoso del Distrito Nacional, cuyo costo se estima en 5,000 millones de pesos. De ese monto, el 32 % tendría que destinarse solo a demoler y mejorar estructuras construidas de manera precaria.

Ante esta realidad, consideró necesario anticiparse a la ocupación del suelo mediante la planificación y el ordenamiento territorial, en lugar de esperar a que los asentamientos se consoliden para intervenirlos.

Medidas anunciadas

Como parte de las respuestas a esta problemática, Guerrero explicó que el Plan Decenal de Vivienda contempla medidas adaptadas a las condiciones de la población. Entre ellas permisos de construcción proporcionales al nivel de riesgo, normas técnicas simplificadas y asistencia técnica pública para los procesos de producción social del hábitat.

“El objetivo es detener el crecimiento urbano desorganizado, reducir los costos de las intervenciones estatales y avanzar hacia un modelo de ciudad planificado, compacto y policéntrico”, refirió Guerrero.

Fuente: Actualidad