La empresaria dominico-china Rosa Ng Báez denunció lo que considera un trato injusto de las autoridades dominicanas hacia los inversionistas chinos, en momentos en que distintas instituciones gubernamentales han intensificado las inspecciones, clausuras y demoliciones de establecimientos comerciales de ese capital por presuntas violaciones a las leyes nacionales.
Las declaraciones de Ng ocurren después de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) demoliera el miércoles parte de la infraestructura de Plaza One Mall, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, y de que Pro Consumidor anunciara el cierre de ocho establecimientos de propietarios chinos en el Gran Santo Domingo.
«Como dominicana que soy, creo que antes que nada yo defiendo el país, defiendo la República Dominicana porque soy dominicana«, manifestó Ng, una de las principales figuras históricas de la comunidad china en el país y fundadora del Barrio Chino de Santo Domingo.
Sin embargo, agregó: «Yo no dejo de analizar la injusticia que hay respecto al tratamiento que dan las autoridades dominicanas a los paisanos chinos en Dominicana, que han venido con la mejor intención del mundo a invertir sus recursos ganados con gran trabajo y sudor en otros países que no son necesariamente chinos».
La dirigente considera que algunas actuaciones estatales han sobrepasado los límites de una fiscalización ordinaria y cuestionó las denuncias de supuestos maltratos durante operativos contra establecimientos comerciales.
«Incorrecto eso, incorrecto. Se han golpeado empleados. Se ha hecho realmente un abuso, un abuso del ejercicio del poder«, afirmó.
Sus señalamientos sobre agresiones no fueron acompañados de documentación que permita establecer las circunstancias de esos supuestos hechos.
Ng sostiene que las autoridades deben encontrar un equilibrio entre la aplicación de las leyes y el respeto a los derechos de quienes invierten en República Dominicana.
«Lo malo es que no hay un punto de equilibrio por parte de las autoridades«, expresó.
Acciones oficiales
Las declaraciones coinciden con un aumento de las actuaciones oficiales contra negocios de capital chino, que incluyen investigaciones tributarias, inspecciones laborales, verificaciones de seguridad estructural y procedimientos relacionados con el derecho de los consumidores.
El caso más reciente ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cuando brigadas del MOPC, apoyadas por personal militar y maquinaria pesada, intervinieron Plaza One Mall, en Los Alcarrizos.
Obras Públicas explicó que la construcción ocupaba ilegalmente el derecho de vía de la autopista Duarte y que sus propietarios incumplieron un acuerdo previo para desmontar voluntariamente parte de la edificación.
Según la institución, los responsables del establecimiento aprovecharon el fin de semana largo para reanudar trabajos de construcción sin autorización.
El ministerio defendió la intervención como parte de un programa de ordenamiento vial que también afectó estructuras comerciales en Villa Altagracia y Monseñor Nouel.
En declaraciones difundidas el miércoles por CDN, Ng también cuestionó el uso de maquinaria pesada para demoler un establecimiento comercial.
«Es algo penoso observar que hayan destruido un inmueble a pura grúa y maquinaria. Eso yo no me lo puedo explicar», expresó durante una entrevista en el programa 55 Minutos.
La dirigente planteó que las autoridades deben supervisar las construcciones antes de que los proyectos alcancen etapas avanzadas y procurar soluciones mediante los procedimientos administrativos correspondientes.
La controversia no se limita a Plaza One Mall.
El pasado 5 de noviembre, Pro Consumidor anunció la clausura temporal de ocho negocios de propietarios chinos, entre ellos Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Rojo Star y Nuevo Mundo, por irregularidades detectadas durante inspecciones.
La institución informó que entre las infracciones figuraban la comercialización de productos sin registros sanitarios y la exhibición de artículos para adultos en lugares visibles para menores de edad.
Las medidas fueron adoptadas mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26.
A estas actuaciones se suman las investigaciones realizadas por las autoridades tributarias y laborales.
Durante octubre, el Ministerio de Trabajo inspeccionó 101 establecimientos comerciales de inversionistas chinos y levantó 1,016 actas, de las cuales 42 correspondieron a infracciones. También dispuso la paralización de 24 establecimientos por condiciones que representaban riesgos para los trabajadores.
Las faltas señaladas incluyeron incumplimientos del descanso semanal, falta de pago de horas extraordinarias y violaciones a las disposiciones sobre contratación de trabajadores dominicanos y extranjeros.
Reacciones de la comunidad
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, ha defendido las inspecciones y aseguró que continuarán las intervenciones contra establecimientos que incumplan la legislación nacional.
Ng, por su parte, afirma que las irregularidades deben corregirse, pero rechaza que se generalice la conducta de algunos empresarios a toda la comunidad china.
«Si los chinos están en falta, los chinos no, algunos chinos deben cumplir, deben simplemente cumplir a rajatabla», puntualizó.
La empresaria también pidió a la Cámara General de Comercio de Fujian de China en República Dominicana asumir una mayor responsabilidad en la orientación de sus miembros sobre las exigencias legales para establecer negocios.
Entre los requisitos mencionó los estudios de vulnerabilidad, los permisos municipales y las autorizaciones ambientales correspondientes.
«Yo sí creo que es importante que todos los paisanos entiendan que deben informarse, que deben orientarse bien«, señaló.
Para Ng, parte de los conflictos podría evitarse si los inversionistas recibieran asesoría adecuada antes de comprometer sus recursos.
La situación de Palmeras Mall, en la avenida Gregorio Luperón, constituye otro ejemplo de los conflictos relacionados con la autorización de establecimientos comerciales.
En julio, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones explicó a Diario Libre que esa plaza permanecía cerrada porque debía ejecutar trabajos de reforzamiento estructural y superar nuevas verificaciones técnicas antes de obtener las licencias correspondientes.
En mayo, Diario Libre también había documentado que alrededor de doce establecimientos de capital chino permanecían cerrados desde hacía varios meses por observaciones estructurales, mientras representantes de la comunidad cuestionaban la lentitud de los procedimientos de regularización.
Ng advierte que estas situaciones pueden afectar la imagen de República Dominicana como destino de inversión.
«Son muchos millones de dólares que se están poniendo en juego y eso es malo, primero para la imagen del país, porque en el país lo que se está es ahuyentando la inversión china«, afirmó.
Contexto diplomático
La dirigente también rechaza los cuestionamientos generalizados contra los bajos precios de las tiendas chinas. Considera que estos establecimientos ofrecen alternativas de consumo a familias de distintos niveles económicos.
«La realidad es que las tiendas chinas están resolviendo un gran problema, un gran problema social y económico al pueblo dominicano», sostuvo.
En cuanto a las denuncias de competencia desleal formuladas por comerciantes dominicanos, Ng entiende que las empresas nacionales deben mejorar sus modelos comerciales e invertir en innovación para competir.
Recordó que numerosos inmuebles utilizados por comerciantes chinos en las avenidas Duarte y Mella pertenecen a propietarios dominicanos que decidieron alquilarlos.
La controversia también ha alcanzado el terreno diplomático.
El 10 de noviembre, la Embajada de China en República Dominicana rechazó declaraciones de un funcionario estadounidense que había respaldado la clausura de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, intervenida por irregularidades relacionadas con permisos de operación, construcción y almacenamiento de combustible.
La misión diplomática china acusó a Washington de aprovechar un caso particular para desacreditar a empresas de ese país, aunque también manifestó su respeto a la aplicación de las leyes dominicanas.
Ng sostiene que la relación comercial con China debe evaluarse tomando en cuenta los vínculos históricos entre ambos países y los intereses económicos dominicanos.
Las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China se establecieron formalmente el 1 de mayo de 2018, después de décadas de presencia de inmigrantes chinos en el territorio nacional.
La empresaria afirma que participó durante varios años en las gestiones que condujeron a ese reconocimiento y considera que el establecimiento de relaciones abrió nuevas oportunidades de inversión.
También cuestiona que proyectos de infraestructura y cooperación discutidos en años anteriores no hayan avanzado como esperaba.
A su juicio, la influencia de Estados Unidos ha condicionado parte de las decisiones dominicanas respecto a la inversión china. Se trata de su valoración sobre la política exterior y económica del país.
Pese a sus críticas, Ng considera que República Dominicana puede mantener relaciones comerciales y políticas tanto con Washington como con Beijing.
«Lo que yo sí creo es que como Gobierno deberíamos y podríamos ayudar muchísimo a que justamente las relaciones sean más armónicas desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista político, si fuera necesario», concluyó.
La dirigente insiste en que las empresas chinas deben ajustarse a las disposiciones legales dominicanas, pero reclama que las inspecciones y sanciones se ejecuten con criterios proporcionales, sin generalizaciones que afecten a toda la comunidad.
Fuente: Economía
