El Consejo de Estado de Colombia sentenció que el presidente Abelardo de la Espriella no vulneró la laicidad y neutralidad religiosa del Estado cuando coronó la imagen de la Virgen de Fátima en la velatón por las víctimas del terremoto.
El Consejo de Estado, máximo juez de la administración pública encargado, entre otras cosas, de resolver los conflictos entre las personas y las entidades estatales, se refirió a la tutela presentada el 14 de octubre por Román Camilo Díaz Fernández.
Según Díaz Fernández, el presidente y los ministros del Interior y de Culturas vulneraron sus “derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos y de conciencia y de petición, así como los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado”.
Sobre el mandatario, la tutela fue presentada por la coronación de la Virgen, el uso de la expresión “viva Cristo Rey” y su visita en septiembre a la sinagoga Bet-El de Barranquilla, donde usó la kipá.
En el caso de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, la demanda fue interpuesta por el financiamiento de la Gran Velatón donde se dieron actos religiosos.
La tutela también era contra el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, por manifestar en su cuenta de X y en su visita al Centro Israelita de Bogotá que Colombia garantizaba la seguridad y libertad de culto de la comunidad judía.
Qué sentenció el Consejo de Estado
En el fallo, publicado el 13 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que el presidente De la Espriella no vulneró los principios de neutralidad religiosa y laicidad del Estado con la coronación de la Virgen y el uso de la expresión “viva Cristo Rey”.
El Consejo indicó que la coronación «no desconoce, per se, los principios de neutralidad y laicidad porque dicho acto hizo parte de una jornada que tenía una justificación secular importante», que fue «la movilización institucional y social en apoyo humanitario a las víctimas» del terremoto del 10 de agosto de 2026.
“Igualmente, dado que el primer mandatario no emitió ninguna declaración, no privilegió ni instó la adhesión a la religión católica ni a ningún otro credo”, añadió.
Asimismo, señaló que tampoco vulneró ambos principios al usar “la expresión ‘viva Cristo Rey’ en su posesión o en sus discursos”, pues como ciudadano “no está despojado de sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión”.
“Expresar una convicción íntima o cultural mediante dicha frase en un acto público no equivale a dictar una norma, emitir un acto administrativo ni establecer una obligación de adhesión para la ciudadanía”, señaló.
En ese sentido, recordó que “la Corte Constitucional distingue entre la neutralidad institucional (que impide la imposición o el privilegio estatal de una religión) y la libertad individual de los funcionarios públicos, la cual permite manifestaciones personales siempre que no se traduzcan en actos oficiales de adhesión religiosa o discriminación”.
Es decir, la neutralidad y la laicidad “respetan que los funcionarios públicos expresen libremente sus convicciones, cuidando de no utilizar las herramientas institucionales para forzar creencias en la población”.
El Consejo de Estado también recordó que recientemente el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la expresión “viva Cristo Rey” usada por De la Espriella “no vulnera los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de cultos” ni desconoce los principios de neutralidad religiosa y laicidad del Estado.
Asimismo, señaló que los recursos destinados por el Ministerio de las Culturas “no pueden interpretarse como un favorecimiento a la religión católica”. Su uso tuvo una “motivación contractual clara y una destinación específica de naturaleza secular” para “visibilizar un evento de interés público”.
Finalmente, sobre el ex ministro Rodrigo Lara, el Consejo indicó que sus declaraciones tienen como contexto la conmemoración del “ataque antisemita perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023” y recuerdan “a los asistentes al Centro Israelita de Bogotá que no deben sentir temor por profesar su fe”.
“Su intervención no persigue privilegiar a la fe judía o establecerla como una religión oficial, sino ofrecer un acompañamiento institucional en una fecha de duelo, y reafirmar los deberes del Estado frente a la libertad de cultos y una política diplomática de gobierno”, explicó.
En ese sentido, concluyó que “al no constatarse un acto administrativo o una actuación coactiva que configure la intromisión doctrinal o religiosa señalada en la acción de tutela, la Sala no advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados”.
Fuente: Religion
