La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 11 de enero del próximo año el conocimiento del recurso de apelación del Ministerio Público que busca anular el no ha lugar que favoreció a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta y sean enviados a juicio de fondo por presunta corrupción administrativa.
La postergación de la audiencia se produjo debido a la falta de notificación a partes involucradas en el proceso penal seguidos a los exfuncionarios.
Al acoger la solicitud de algunas defensas, entre ellas la de Castillo, la presidenta del tribunal, Ysis Muñiz, argumentó sobre el riesgo de excluir a actores del proceso que luego podrían resultar afectados por las conclusiones de los recursos.
Al respecto, Laura Acosta, abogada del exministro de Obras Públicas, sostuvo que, aunque el Ministerio Público solamente recurrió el auto de no ha lugar, el Equipo de Recuperación del Estado sometió otros recursos que atañen a otros acusados referentes a medidas de coerción real.
Dijo que el rol de audiencia tiene un total de 15 recursos de apelación, pero que a Gonzalo Castillo sólo se le notificaron 11.
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En cambio, el abogado Francisco García, de familia querellante, se quejó de que el salón estaba atestado de personas ajenas al proceso que no tenían calidad para estar en la audiencia.
Al respecto, la titular de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, también se pronunció contra abogados de querellantes que formalizaron desistimiento y que por cuya decisión ya no debían estar en la vista de este lunes.
«Al haber desistido, poco importa cómo les pueda afectar una decisión, porque ellos formaban parte y decidieron no serlo, ellos decidieron salir. Ese era un riesgo que ellos debían haber medido antes de haber decidido salir del proceso», indicó Ortiz.
Se refería a querellantes que, según sus abogados, les afectaba el recurso de apelación del Equipo de Recuperación del Patrimonio del Estado a un levantamiento de oposición a un pago de más de 200 millones de pesos por una parcela pagada en un 80 por ciento por el Gobierno.
De acuerdo al togado Moisés Sánchez el Estado había desembolsado y pagado 1,030 millones de pesos, de un total aproximado de 1,280 millones de pesos. Dijo que parte de esos terrenos corresponden al Aeropuerto Internacional de las Américas..
Otros plazo otorgado por la corte
La jueza dijo que el tribunal también decidió dar 2 días a las partes que alegan no les han llegado las notificaciones para que se lo informen a la secretaría de la corte.
En ese sentido, el 1 de diciembre deberán pasar a retirar los documentos correspondientes a los recursos del Ministerio Público y el Equipo de Recuperación del Patrimonio del Estado.
El tribunal justificó la distancia de la nueva fecha debido a la complejidad del caso, la acumulación de días feriados entre diciembre y enero y la necesidad de emitir un auto para reasignar otros procesos que ya tenía pautados para esa misma fecha, con el fin de concentrarse exclusivamente en este expediente.
Otros tres acusados que fueron favorecidos por la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, que rechazó la acusación del Ministerio Público contra ellos son Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz. El órgano acusador apeló contra estos imputados también.
Al grupo de acusados, entre ellos los más de treinta enviados a juicio de fondo, se les atribuye una presunta estafa contra el Estado de más de 41 mil millones de pesos.
Fuente: Actualidad






