Bandera de Estados Unidos. / Crédito: Leigh Prather / Shutterstock.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) publicó el 30 de abril un nuevo informe que detalla las acusaciones de sesgo anticristiano por parte del gobierno del expresidente Joe Biden y revela cómo la administración del presidente Donald Trump está trabajando para revertir esas políticas.
“Cuando las creencias cristianas sobre la moralidad y la naturaleza humana entraban en conflicto con las posturas de la administración Biden, los derechos religiosos a menudo se veían perjudicados”, afirma el resumen ejecutivo.
“La administración Biden generalmente toleró las creencias religiosas privadas, pero buscaba con ahínco limitar la capacidad de los cristianos para actuar de acuerdo con su fe”, señala el informe. “Esto afectó asuntos de profunda importancia personal para casi todos los estadounidenses: la vida, la familia, el matrimonio y la identidad propia”.
El informe, titulado Erradicación del sesgo anticristiano en el gobierno federal, fue publicado por el Grupo de Trabajo para la Erradicación del Sesgo Anticristiano, creado por Trump en febrero de 2025.
El documento enumera las regulaciones de la era Biden relacionadas con el aborto, la anticoncepción, el género y la sexualidad humana, entre otros temas, que a menudo enfrentaron al gobierno con instituciones religiosas, como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
También se observan problemas similares “en los gobiernos estatales y locales y en el sector privado”, según el informe, que recibieron una “interferencia limitada” o un “apoyo tácito” de la administración Biden.
Asimismo, denuncia la instrumentalización del gobierno contra los cristianos, incluyendo la preocupación por la investigación que la oficina del FBI en Richmond realizó sobre lo que denominó “católicos tradicionalistas radicales”, así como las condenas penales de manifestantes provida en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas.
El informe señala que la administración Trump ha trabajado para derogar dichas regulaciones y poner fin a estas prácticas. También afirma que la administración ha buscado incorporar la fe a la vida pública.
“Ningún estadounidense debería vivir con el temor de que el gobierno federal lo castigue por su fe”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche, presidente del Grupo de Trabajo para Erradicar la Discriminación Anticristiana.
“Como se detalla en nuestro informe, las acciones de la administración Biden devastaron la vida de muchos estadounidenses cristianos”, afirmó. “Esa devastación terminó con el presidente Trump. El Departamento de Justicia continuará denunciando a quienes actuaron de mala fe contra los cristianos y trabajará incansablemente para restaurar la libertad religiosa de todos los estadounidenses de fe”.
Regulaciones de la era Biden
Un tema importante señalado en el informe del Departamento de Justicia es la interpretación que hace la administración Biden de la decisión de la Corte Suprema de 2019 en el caso Bostock contra el Condado de Clayton, que determinó que la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
El informe señala que la primera administración Trump emitió un memorando sobre el caso Bostock instruyendo al Departamento de Justicia a interpretar dicho fallo sin violar la libertad religiosa.
Sin embargo, la administración Biden revocó ese memorando y emitió uno nuevo que, según el informe, “aplicó el fallo a la discriminación por motivos de sexo en escuelas y deportes financiados con fondos federales”.
“El Departamento de Justicia de Biden también consideró las solicitudes de exenciones religiosas como una conducta perjudicial que debía regularse e impulsó su interpretación incorrecta del caso Bostock en escritos de amicus curiae, a pesar de que los tribunales federales la rechazaron repetidamente”, afirma el informe.
En un ejemplo, el informe señala que el Departamento de Agricultura de EE. UU. vinculó esta interpretación del caso Bostock con el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Inicialmente, las objeciones por libertad religiosa se consideraron caso por caso, pero la administración finalmente emitió un memorando que reconocía las exenciones religiosas.
“Esta política dejó a las escuelas y ministerios cristianos ante una disyuntiva coercitiva: si querían alimentar a los necesitados mediante estos programas, tendrían que abandonar las enseñanzas bíblicas sobre el sexo y el matrimonio”, afirma el informe.
“Como resultado, el Departamento de Agricultura de Biden excluyó a muchos cristianos de los programas”, añade. “La Arquidiócesis Católica Romana de San Luis, por ejemplo, optó por excluir a todas sus escuelas parroquiales del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, incluso después de que el Departamento de Agricultura de Biden emitiera un memorando reconociendo la exención religiosa del Título IX”.
Esta interpretación también se aplicó a las normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) para lo que la administración Biden denominó “atención de afirmación de género para menores”. El informe señala que “muchos proveedores interpretaron [esto] como un requisito con exenciones religiosas limitadas o inexistentes”. Al igual que con el programa de almuerzos, las exenciones religiosas se analizaron caso por caso.
Se aplicaron normas similares a los lugares de trabajo a través de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).
Otras regulaciones redujeron las protecciones de conciencia relacionadas con el aborto y la anticoncepción. Señala, por ejemplo, que el HHS y el Departamento de Justicia retiraron una notificación de infracción contra el Centro Médico de la Universidad de Vermont después de que “coaccionara a una enfermera cristiana a participar en un aborto a pesar de sus objeciones religiosas”.
En otros ejemplos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió directrices que obligaban a los hospitales, incluidos los católicos, a ofrecer abortos en determinadas circunstancias, conforme a la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto. La administración Biden también interpretó la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas para obligar a los empleadores a facilitar el aborto de una empleada, “independientemente de si ello entrara en conflicto con los derechos religiosos del empleador”, afirma el informe.
“Las conclusiones presentadas por el grupo de trabajo plantean serias dudas sobre si ciertas políticas y prácticas de la era Biden se administraron de conformidad con la Constitución y la legislación federal aplicable”, señala el reporte.
“Estas dudas afectan a los principios fundamentales de la identidad estadounidense —la libertad religiosa, la igualdad de trato y el estado de derecho— que protegen a todos los estadounidenses de fe y conciencia”.
Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Fuente: www.aciprensa.com
