La Comisión de Movilidad y Transporte de la Cámara de Diputados abrió un espacio de diálogo con representantes del sector motoconchista y dirigentes del transporte, con el objetivo de buscar soluciones a la violencia, el desorden y la falta de regulación en el transporte en motocicletas en el país.
El presidente de la comisión, el diputado Bray Vargas, aseguró que el organismo legislativo está dispuesto a escuchar a todos los sectores involucrados para impulsar políticas públicas razonables y ajustadas a la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Vargas destacó que el sector motociclista representa cerca del 70 % de las muertes derivadas de accidentes de tránsito en el país, por lo que consideró urgente aplicar la normativa vigente y establecer un régimen de consecuencias.
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“El problema no es la falta de ley, sino la falta de cumplimiento. En República Dominicana muchas veces no se aplican las normas por el costo político que esto implica”, afirmó el legislador, al señalar que las autoridades deben asumir con firmeza la ejecución de la legislación para lograr cambios visibles en la movilidad y el transporte.
Durante el encuentro participaron representantes de motoconchistas de distintas provincias, quienes sostendrán mesas de diálogo permanentes con la comisión legislativa para discutir propuestas de regulación y formalización del sector. De igual modo estuvieron presentes expertos en seguridad vial.
En relación con recientes hechos violentos protagonizados por motociclistas, Vargas indicó que la comisión estudia proyectos enfocados en regular y formalizar el uso de motocicletas, con el propósito de reducir los conflictos y garantizar responsabilidades ante actos delictivos o agresiones.
Por su lado, William Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (Cntu) valoró la apertura del encuentro para escuchar al sector transporte y consideró que el país atraviesa una crisis de violencia vinculada a la movilidad.
Pérez Figuereo atribuyó parte de los conflictos recientes entre motociclistas y conductores del transporte escolar a la falta de campañas de educación vial y orientación ciudadana sobre el funcionamiento del sistema de transporte estudiantil.
“El Estado no ha hecho una campaña educativa suficiente para que la población entienda cómo actuar ante un autobús escolar cuando activa las señales de parada”, sostuvo.
Aplicacion de la Ley
El diputado Tobías Crespo defendió la ley 63-17 y aseguró que el principal problema no es legislativo, sino de aplicación de la normativa.
Crespo afirmó que los motoconchistas deben ser regulados y organizados sin ser enfrentados, reconociendo que miles de familias dependen económicamente de las motocicletas.
“El motoconcho es el sustento de muchas familias. Lo que corresponde es educar, organizar y aplicar la ley”, expresó.
El legislador también advirtió sobre el incremento de la violencia en algunas paradas de motocicletas y consideró necesario que organismos de inteligencia investiguen posibles estructuras delictivas infiltradas en el sector.
Fuente: www.diariolibre.com
