Catedral Metropolitana de Bogotá (Colombia). / Crédito: Eduardo Berdejo.
La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) afirmó que “respeta y acata” el fallo de la Corte Constitucional que ordena entregar los datos personales de todos los sacerdotes del país, estén investigados o no por abusos contra menores.
El Episcopado se pronunció luego que la Corte publicara 17 de abril, en su sitio web, la Sentencia de Unificación SU-184 de 2025 “sobre el derecho de petición de información por parte de periodistas”.
El fallo se refiere al pedido presentado por los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán para acceder a los datos personales de los sacerdotes adscritos a las diócesis y órdenes religiosas presentes en Colombia “desde su creación hasta la actualidad”, hayan sido o no denunciados por violencia sexual contra menores de edad.
En su comunicado, la Iglesia Católica en Colombia reiteró “su compromiso para que en el marco del Estado de derecho no exista impunidad de los delitos sexuales cometidos en ambientes eclesiales”.
“Nuestra solidaridad está con todas las víctimas: asumimos su dolor, les pedimos perdón y nos comprometemos a buscar los cauces para que sus derechos fundamentales sean respetados, incluyendo la reparación integral. Rechazamos cualquier forma de abuso y reafirmamos nuestro compromiso con el deber de denuncia”, afirmó la CEC.
En ese sentido, recordó que en los últimos años la Iglesia ha “desarrollado el Sistema de Cultura del Cuidado, que incluye prevención, atención a víctimas, formación y cooperación con autoridades”.
Sobre la sentencia, indicó que, cuando sea notificada oficialmente, el equipo jurídico de la CEC “la estudiará en profundidad con el fin de determinar los pasos a seguir”.
“Todas las acciones a que haya lugar se adelantarán en el marco de las normas y la ley colombiana, siempre en línea con la misionalidad de la Iglesia y del Estado. La información que al respecto sea de interés público se comunicará oportunamente siempre que sea jurídicamente posible y, sobre todo, humanamente responsable”, señaló.
Discrepancias dentro de la Corte Constitucional
De los nueve miembros de la Corte, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger manifestaron su discrepancia con el fallo. La magistrada Diana Fajardo Rivera estuvo ausente con permiso.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez —quien en ese momento era el presidente del Tribunal— dijo que está a favor de entregar la información de los sacerdotes y religiosos investigados por presunta violencia sexual contra menores, pero calificó de “insólita” la decisión de exigir que se revelen los datos personales de los ministros “que nunca estuvieron ni han estado relacionados con la presunta comisión de conductas constitutivas de abuso sexual infantil”.
Además, indicó que no es posible entregar información personal de todos los sacerdotes y religiosos vinculados a la Iglesia Católica desde la creación de las diócesis o congregaciones, dado que “muchas de ellas que datan desde hace varios siglos”, como exigen ambos periodistas accionantes.
Pardo Schlesinger, quien coincidió con ambas observaciones, consideró que “la solicitud de información, por su amplitud y generalidad, partía de la presunción general de mala fe de todos los sacerdotes católicos desde épocas muy lejanas”.
Recordó que el “doloroso fenómeno de los abusos sexuales” involucra a varios grupos sociales, como “maestros, entrenadores, o familiares”, por lo que centrarse solo en los sacerdotes atribuye a este segmento “una intensidad en la participación que no le corresponde, creando un estereotipo de peligrosidad”.
“Hacer derivar de la condición de sacerdote católico una especie de sospecha, o la caracterización global del clero católico como un grupo riesgoso, es una forma de discriminación”, expresó.
Fuente: www.aciprensa.com
